La Universidad Metropolitana en Guayaquil (UMET) continúa sus labores académicas sin poder definir la sede principal de la institución, que cuenta con dos instalaciones regentadas por dos distintas autoridades.
La entidad, calificada como de categoría E, según el informe del ex Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (Conea), ha visto mermada su población estudiantil desde que iniciaron los problemas en 2009.
En ese año, el canciller José Barrezueta y el rector Carlos Espinoza iniciaron una pugna administrativa cuando se cambió el estatuto de la unidad académica -creado en 2005-, acorde a lo estipulado en el Mandato Constituyente 14, en el cual se excluyó la figura de canciller.
El mencionado reglamento fue aprobado por el Consejo Universitario y Espinoza, con reconocimiento del ex Consejo Nacional de Educación Superior, fue nombrado rector.
Paralelamente, Espinoza creó una nueva sede de la UMET en la avenida Juan Tanca Marengo (atrás de Coca-Cola), lo cual fue cuestionado por Barrezueta, quien permanecía dirigiendo las instalaciones del establecimiento educativo en la ciudadela Atarazana.
Las autoridades del Conesup intervinieron en la situación y, en septiembre de 2009, resolvió mantener la vigencia del estatuto de 2005 hasta reformar los puntos referentes al Consejo Consultivo, integración del Consejo Superior Universitario, conformación del patrono universitario, entre otros.
Barrezueta fue nombrado vicerrector administrativo y Espinoza continuaba como rector. Sin embargo, en el acta de aquel año no se definió la sede principal de la UMET, aunque las unidades directivas, académicas, administrativas y financieras fueron trasladadas a la sede de la Av. Tanca Marengo.
Barrezueta asumió la dirección de la sede en la Atarazana, mientras que Espinoza hizo lo mismo en las nuevas instalaciones.
En 2010, el canciller presentó una acción de protección, que fue concedida por la Corte Constitucional, para declarar ilegal la sede que administra Espinoza.
“No se respetó la vigencia del estatuto de 2005 porque nunca hubo una sentencia jurídica al respecto”, explicó Barrezueta.
En junio de 2010, el Juzgado Sexto de Tránsito resolvió que la sede principal de la UMET estaba en las instalaciones de la Atarazana y declaró nula la resolución emitida por Gustavo Vega, ex presidente del Conesup, en 2009.
De esta forma, se declaraba como ilegales las instalaciones de la Tanca Marengo, así como los títulos académicos que otorgaba.
No obstante, la medida no ha sido ejecutoriada. “Desde hace casi tres años la causa ha sido conocida por varios jueces sin que ninguno de ellos resuelva lo estipulado por la Corte Constitucional”, manifestó Barrezueta.
En un comunicado publicado en la página web www.umet.edu.ec, Jorge Carvajal, procurador de la UMET, expresó que, en abril de 2011, “un comisario intentó clausurar el recinto universitario -el de la Tanca Marengo- lo cual es nulo de pleno derecho. Por lo cual la jueza que ordenó estas acciones, estudió el proceso y decidió archivarlo”.
“La Universidad Metropolitana, una institución sólida legalmente a nivel nacional, presentó ya toda la información a la Senescyt y su nuevo estatuto universitario 2011”, aseveró Carvajal.
En el mismo comunicado, señaló la circulación de correos electrónicos que desinformaban a la comunidad de alumnos sobre la situación legal de la UMET.
En 2009, la población estudiantil de esta unidad académica alcanzaba los 1.500. Actualmente, la cifra se redujo a 80.
“Esta situación solo perjudica a la estabilidad de la institución”, comentó Barrezueta, quien se manifestó preocupado por el destino de la entidad frente a la nueva evaluación promovida por el Ceaaces.
Este diario intentó contactar a Espinoza y a las autoridades de la Senescyt para conocer su postura oficial frente a la situación de la UMET, pero hasta el cierre de la edición no hubo respuesta.
