El representante de la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público (Ugedep), Pedro Delgado, hizo pública la denuncia de irregularidades en el tratamiento de un juicio en el que hay un perjuicio económico al Estado.
Delgado explicó que Edwin Argoti, juez Cuarto de lo Civil de Pichincha, declaró la prescripción adquisitiva de un dominio propiedad del Estado, incautado al ex banquero Alejandro Peñafiel. El bien fue pasado a manos de Carlos Arnao, compañero sentimental de una de las hermanas de Peñafiel, quien hace un año ya intentó tomar control de la hacienda Santa Isabel, ubicada en el cantón Mejía, sur de Quito.
Delgado dijo que se aplicaron las medidas administrativas para la defensa de la propiedad y se planteó una denuncia penal en contra del juez. El funcionario señaló que después de la notificación de un juicio plenario a los denunciados, en menos de 24 horas, el fiscal Jaime Lojan dictó la inexistencia de los hechos punibles.
A pesar de esto el Fiscal General ordenó la reapertura del caso, pero el miércoles pasado en una declaración juramentada que presentaba Delgado en la Fiscalía, el fiscal subrogante de Pichincha, Miguel Jurado, habría ordenado que se resuelva improcedente las denuncias entregadas.
Finalmente, Delgado pidió la destitución de Jurado.
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