A pocos días de revelarse que hubo irregularidades en la recolección de firmas para la inscripción de partidos y movimientos políticos ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), se estima que hasta ahora suman 5.000 las denuncias presentadas en la Fiscalía General y sus regionales en las provincias, por parte de electores que se sienten afectados por las falsificaciones.
El problema es tal que, incluso, ni las autoridades y funcionarios del CNE se libraron, pues el organismo detectó que 297 funcionarios, incluidos los vocales Juan Pablo Pozo y Paúl Salazar, fueron registrados en varios movimientos y partidos políticos sin haber aceptado, autorizado o rubricado sus adhesiones.
De las irregularidades en la recolección de firmas conocieron las autoridades del órgano electoral el jueves pasado, por lo que presentaron las denuncias en la Fiscalía.
Según Salazar, esto constituye un “robo de identidad y un delito que merece sanción”. Recordó que “ningún funcionario del CNE de contrato o nombramiento puede ser afiliado a partido o movimiento político”.
Pozo, tras conocer su caso de supuesta adhesión al movimiento Suma, pidió que le realizaran a sus firmas un examen grafológico, tras lo cual determinaron que su rúbrica fue falsificada. Al contar con esos documentos, en las siguientes horas presentará la denuncia en la Fiscalía. Dijo que está sorprendido de que en cuatro hojas de inscripción diferentes conste su registro en los movimientos Suma y Equipo.
Según voceros del CNE, es importante que la investigación no solo sea dirigida hacia quienes firman como responsables de la recolección de firmas, sino también ante quienes son los representantes de los partidos y movimientos políticos inscritos y que están en proceso de reinscripción.
El titular del organismo, Domingo Paredes, advirtió ayer que si se detectan irregularidades, los partidos que están en proceso de inscripción “quedarán automáticamente suprimidos de los cuadros del CNE”.
Incluso, a través de una cadena nacional que tenía previsto dar ayer en la noche, Paredes iba a “rechazar categóricamente el engaño a la fe pública en el que ciertas organizaciones políticas habrían incurrido al entregar firmas falsas”.
Resaltó que esta situación “es grave y atenta a la transparencia y honestidad que demanda un proceso democrático”. Sin embargo, aclaró que el Consejo Nacional Electoral, bajo ningún concepto suspenderá las elecciones como varios medios de comunicación han insinuado.
Reiteró que “lo que sí haremos es aplicar la ley a aquellas organizaciones políticas a las que se haya comprobado, después del debido proceso, esta práctica dolosa”.
Para ello, confirmó, desde el CNE han iniciado una campaña de verificación y comprobación de las firmas de respaldo entregadas en las diferentes delegaciones del alto organismo electoral. “Invitamos a todos los ciudadanos a denunciar cualquier anomalía o afectación a sus derechos”, señaló.
Mientras tanto, Galo Mora, secretario ejecutivo de Alianza PAIS (AP), indicó que la Fiscalía debe investigar y agregó que a su movimiento no se lo puede incluir, porque “se puede revisar que llevó a cabo un proceso largo de afiliación pública, masiva, siendo los primeros en cumplir con el proceso”.
Este sábado, en cambio, el presidente Correa alertó que la detección de firmas falsificadas podría alterar el tablero electoral del país y provocar que la oposición hable de un fraude por parte del movimiento político del Gobierno. “Preferiríamos perder todas las elecciones a caer en estos fraudes”, señaló y recordó que AP presentó en el CNE más de un millón de firmas, cuando por ley se necesitaban solamente 157.000.
