El primer acuerdo entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) sobre el problema agrario constituye un gran avance para resolver uno de los conflictos armados más antiguos de América Latina, según expertos.
Después de seis meses de negociaciones celebradas en Cuba, país garante del proceso junto con Noruega, los dos bandos anunciaron el domingo haber resuelto el capítulo del desarrollo rural, tema clave ligado al nacimiento mismo de las FARC durante una insurrección campesina en 1964.
Los detalles del acuerdo no han sido publicados pero, según un comunicado conjunto, incluye el acceso y la utilización de la tierra y la regularización de la propiedad de la misma, dos puntos fundamentales en Colombia, donde apenas el 1% de la población posee la mitad de los terrenos agrícolas del país.
«Es un mensaje muy importante para los colombianos. En las anteriores discusiones con las FARC, nunca se había ido tan lejos», afirma el politólogo Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional de Bogotá, quien subraya que el tema agrario es el más complejo del conflicto que, según cifras oficiales, ha provocado 600.000 muertos y 15.000 desaparecidos en los últimos cincuenta años.
Este acuerdo aportará «cierta confianza entre las dos delegaciones. Más allá del acuerdo, tienen una metodología de trabajo que funciona», prosigue Vargas, quien considera que el resultado valida la opción de Cuba como facilitador de las negociaciones que se celebran a puerta cerrada en La Habana.
Fondo de Tierras
El acuerdo agrario, que afecta a una cuestión medular en el origen del conflicto armado colombiano, quiere solucionar el acceso y uso de la tierra con la creación del «Fondo de Tierras para la paz», junto con programas de desarrollo rural, impulso de las infraestructuras en el campo, estímulo a la producción agropecuaria, planes sociales de salud, educación, vivienda, entre otros. El Gobierno y las FARC buscan además que se reviertan los efectos del conflicto y que se restituyan las víctimas del despojo y del desplazamiento forzado.
Las partes también han consensuado posiciones para la actualización del catastro rural, la delimitación de la llamada frontera agrícola para proteger áreas de especial interés ambiental, o la erradicación del hambre a través de un sistema de alimentación y nutrición.
El conflicto supuso la expulsión de sus tierras de cerca de 4 millones de colombianos, atrapados en los cruentos enfrentamientos entre la guerrilla, el Ejército y los paramilitares armados por los terratenientes en los años 80 y desmovilizados en 2006. Desde hace dos años el Gobierno dirige un programa de restitución de dos millones de hectáreas que fueron ocupadas por los contendientes y de cuatro millones de hectáreas abandonadas.
Al respecto, Javier Ciurlizza, director regional de Internacional Crisis Group (ICG), una ONG especializada en la solución de conflictos, considera que la devolución de las tierras se enfrentará con «intereses muy importantes» y «que la inversión financiera será necesaria».
El Gobierno, la sociedad colombiana y la comunidad internacional celebraron el primer acuerdo con las FARC con referencia al problema de la tierra, con excepción de los ganaderos colombianos, poseedores de grandes extensiones de territorio y que calificaron la decisión de «desafortunada».
Minutos después de conocerse desde La Habana el acuerdo sobre el primer punto de la agenda del proceso de paz, el presidente Juan Manuel Santos califica de «paso fundamental» el anuncio. Desde la oposición, la ex senadora y líder del movimiento izquierdista Marcha Patriótica, Piedad Córdoba, también celebró el acuerdo y se congratuló porque, al fin, sean «reconocidos» los campesinos.
Las muestras de satisfacción contrastaron con las declaraciones del presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegan), José Félix Lafaurie, quien considera que el modelo que necesita Colombia «de cara a los grandes mercados» nada tiene que ver «con la visión reduccionista de las FARC», al lamentar que el Gobierno haya dado «legitimidad» a la guerrilla.
El Gobierno y la guerrilla negocian desde el pasado 19 de noviembre, en la capital cubana, una agenda de cinco puntos, de los cuales aún están pendientes varios temas espinosos, como la reinserción política de los guerrilleros sin pasar por la cárcel, el abandono del tráfico de drogas y las armas, y las indemnizaciones para las víctimas.
