«La sanción es penal por lo que estaría sujeta a prisión» señaló ayer el Superintendente de Telecomunicaciones encargado, Claudio Rosas, al dar a conocer el castigo al que están sujetas las personas que tienen un servicio de televisión pagada ilegal.
Esto lo señaló en el marco de la firma del convenio entre la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel) y la empresa que se dedica al servicio de televisión pagada DirecTV.
Parte del convenio consiste en difundir programas en los que se explique el perjuicio que causa la adquisición de estos servicios por parte de los ciudadanos, pues se evade la cancelación de impuestos.
El funcionario dijo que los controles son necesarios para combatir el uso de este servicio ilegal.
Esta acción se complementa con la coordinación que realizó la Supertel en junio pasado, cuando junto al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual remitieron una comunicación al Servicio Nacional de Aduana del Ecuador y a la Fiscalía General del Estado para solicitar acciones que permitan detectar el ingreso y comercialización de aparatos decodificadores de señales de televisión pagada.
De igual forma, se tomen medidas de frontera y de esta forma el IEPI apoye con el informe legal de propiedad intelectual correspondiente, soportado a su vez en un informe técnico y legal de la Supertel.
