Anoche, en una entrevista televisada, el presidente de Ecuador, Rafael Correa, dio a conocer la terminación del convenio que el país había hecho con Alemania como parte de la iniciativa Yasuní ITT y su renuncia a 34,5 millones de dólares que comprometió este país.
Según el Primer Mandatario, las razones para tomar tal decisión fueron las declaraciones del portavoz del Ministerio de Cooperación alemán, Sebastian Lesch, quien habría responsabilizado al presidente Rafael Correa por el «fracaso» de la iniciativa Yasuní ITT.
«Señores, quédense con su plata. Rechazamos unilateralmente el convenio. Sabremos salir adelante sin la prepotencia de ciertos países que siempre se han creído los dueños del mundo. Ordené que les devuelvan hasta el último centavo y damos unilateralmente por terminado el convenio con Alemania por la insolencia de estos funcionarios de tercer nivel», señaló Correa.
También dijo que «hay una manera de contribuir al Yasuní. Lo podemos revivir. ¿Cómo? quitando el subsidio a la gasolina. Ahí serían como $ 3.000 millones anuales para el fondo Yasuní ITT y se reduciría el consumo de hidrocarburos y las emisiones de CO2. Pero a ver quién acepta la propuesta. Porque es muy fácil decir 'conservemos el Yasuní' y no hacer ningún sacrificio».
Pedido no llega a la Asamblea
Horas antes, durante la inauguración del nuevo complejo judicial en Cayambe (Pichincha), el presidente Correa manifestó que, en el hipotético caso de ir a un referendo popular, está seguro de contar con el respaldo del pueblo ecuatoriano.
El Mandatario criticó la «doble moral» de la oposición, ya que en el pasado objetó la consulta popular para reformar la justicia del país, pero ahora pide «desmesuradamente» un plebiscito para intentar dañar a su administración.
La Asamblea Nacional aún espera el pedido fundamentado del Ejecutivo para que se autorice la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní.
De acuerdo al artículo 4 del Decreto Ejecutivo 74, en el plazo máximo de cinco días luego de publicado en el Registro Oficial, los ministerios Coordinador de la Política Económica, Recursos Naturales no Renovables, Ambiente, Justicia y Derechos Humanos y Cultos, deberán informar a la Presidencia de la República sobre la viabilidad ambiental, técnica, financiera y constitucional de la explotación de los campos petroleros ubicados en el parque Yasuní.
Como el decreto aún no se publica en el Registro Oficial, todavía no llega el pedido formal a la Asamblea; pese a ello, la discusión entre los parlamentarios ya inició.
Por ejemplo, sobre el fideicomiso Yasuní ITT que dejó de operar una vez firmado el decreto, el asambleísta de CREO-PSC, Luis Fernando Torres, consideró que hay un error. Para el parlamentario, el fideicomiso creado en 2008 siempre estuvo destinado al «fracaso», ya que nunca contó con el amparo del Protocolo de Kioto, lo que a su vez le impidió invocar a los certificados del carbono.
«El presidente Correa admitió que se cometieron errores», insistió Torres. Ahora quiere encontrar una nueva vía, agregó.
Las oficialistas Ximena Ponce y Marcela Aguiñaga coincidieron en que debe haber un debate al interior del Parlamento. «Trataremos el pedido con responsabilidad y con información. No con intereses políticos», aclaró la primera.
