Diez entrevistas ofreció el Subsecretario de Innovación y Desarrollo de Medios de la Presidencia de la República, Marco Antonio Bravo, entre radio, prensa, televisión y un conversatorio con medios de comunicación de la provincia.
El tema central tratado durante estas intervenciones fue el advenimiento de la Consulta Popular el próximo 7 de mayo.
Uno de los puntos que el funcionario destacó es que su visita no responde, de ninguna manera, a un propósito proselitista o de campaña, puesto que la misma arranca oficialmente el próximo sábado 26 de marzo.
Las preguntas y las dudas de los periodistas y comunicadores imbabureños, que se mostraron muy interesados en el tema, giraron en torno –sobre todo- al tema que atañe a la actividad que cotidianamente realizan: La comunicación social y la Ley de Comunicación propuesta en el referéndum.
De esta forma, Bravo resaltó que el Consejo de Regulación que está contemplado en la propuesta de Ley de Comunicación incluida en la Consulta Popular, no tiene como tarea limitar ni controlar la libertad de expresión, sino regular los contenidos nocivos para la sociedad ecuatoriana. Rechazó, en este sentido, que varios medios de comunicación hayan calificado la normativa como “Ley Mordaza”, incluso antes de aprobarse por la Asamblea, que por otra parte, se ha demorado dos años en tratarla.
Dijo que a la actual administración no le interesa controlar la comunicación, como se ha manifestado desde varios sectores. De igual forma, la Consulta plantea la necesidad de desvincular la actividad de las instituciones financieras de la actividad comunicacional. En este sentido, Bravo puso como ejemplo, al papel que jugaron algunas empresas de comunicación y algunos bancos, en la crisis económica que produjo el feriado bancario hace más de una década y cuyos rezagos se ven hasta hoy. Citó dos casos concretos: Banco del Progreso y Filanbanco.
