El informe final del proyecto de ley de Comunicación, que consta para votación de la Legislatura ecuatoriana, contempla en uno de sus articulados sanciones para los funcionarios públicos que coarten la libertad de expresión.
El artículo 19, del capitulo de Derechos de libertad, establece que “queda prohibida la censura previa, esto es, la revisión, aprobación o desaprobación, por parte de una autoridad o funcionario público, de los contenidos previo a su difusión a través de cualquier medio de comunicación”.
“Las autoridades o funcionarios públicos que realicen censura previa o ejecuten actos conducentes a realizarla de manera indirecta, serán sancionados administrativamente por el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Comunicación con una multa de dos a seis meses de su remuneración total, sin perjuicio de que la autoridad o el funcionario responda judicialmente por la comisión de delitos o por los daños causados y/o su reparación integral”, señala el referido artículo.
El informe –que contiene 128 artículos y 16 disposiciones transitorias- fue presentado y difundido el martes por el legislador ponente Mauro Andino.
El contenido del informe fue analizado en una reunión que mantuvo Andino, el titular de la Legislatura, Fernando Cordero, con el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Canales de Televisión, Marcel Rivas.
Rivas solicitó que el espectro radioeléctrico no se distribuya por tercios; que el Consejo de Regulación no dé informes vinculantes para la entrega de frecuencias; que no se limite a un concesionario de una frecuencia de televisión tener una radio o un periódico; que los medios públicos y comunitarios no participen de actividades comerciales y publicitarias; que se disminuya el tiempo semanal destinado para las cadenas; entre otras sugerencias.
Al final de la reunión, el representante del gremio de televisoras se comprometió a apoyar los foros que prepara la Legislatura para socializar el borrador del proyecto de Ley de Comunicación. Además dijo que en los foros debería participar también el presidente de la República, Rafael Correa.
