Desde las 09:00 hasta las 14:00 de hoy se prevé la realización de un taller entre los legisladores del movimiento PAIS, para conocer el contenido del borrador del proyecto de Ley Orgánica de Comunicación que fue modificado en un 75% con relación al texto original elaborado por la Comisión Ocasional especializada, presidida por Mauro Andino.
La bancada oficialista conocerá artículo por artículo el contenido del documento que acoge en un 50% las observaciones planteadas durante los debates por los legisladores de la oposición, con lo cual se busca tener consensos para su aprobación.
Siete son los nudos críticos en los cuales se centrará la discusión del bloque. La primera controversia se refiere a la conformación del Consejo de Comunicación y Regulación de la Información que de dos delegados del Ejecutivo se redujo a uno, mientras que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs); los Consejos Nacionales de Igualdad; y las facultades o escuelas de comunicación social de las universidades públicas tendrán un representante cada uno; y tres integrantes serán designados de entre los ciudadanos u organizaciones sociales.
Se conservan las 21 atribuciones del Consejo de Comunicación que buscan garantizar los derechos a la comunicación y no son restrictivas; se mantienen los derechos a la réplica y la rectificación; en tanto que las sanciones económicas serán de acuerdo a la facturación del medio de comunicación, el cual no será suspendido ni clausurado en caso de incumplimiento de la ley.
Los informes de la auditoría realizada por mandato de la Asamblea Constituyente y de la Contraloría serán vinculantes para asignar las frecuencias adquiridas ilegalmente.
La reversión de más de 300 frecuencias al Estado se realizará en un plazo máximo de seis meses y la adjudicación en un 33% a los medios públicos, 33% a los privados y 34% a los comunitarios, se realizará mediante concurso público y su decisión será impugnable ante las instancias judiciales competentes.
Queda establecida la responsabilidad ulterior, es decir la obligación que tiene toda persona de “asumir las consecuencias jurídico administrativas, civiles y penales posteriores a difundir, a través de los medios de comunicación, todo tipo de contenido que lesione derechos humanos, la reputación, el honor, buen nombre de las personas y la seguridad pública del Estado”.
El Directorio de los medios públicos de carácter nacional será presidido por un delegado permanente del Presidente de la República; la Asamblea Nacional; y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social tendrán un delegado.
La profesionalización de los periodistas es obligatoria en medios escritos para: editor (a) general y jefe (a) de información; en televisión: director (a), subdirector (a) de noticias; en radios: director (a) de noticias, o quienes ejerzan funciones similares en estos medios. También en instituciones públicas: los cargos de Director de Comunicación, Relaciones Públicas o Imagen Institucional o sus equivalentes.
Sobre el objeto y el ámbito de la ley, el borrador señala que: “Esta ley tiene por objeto desarrollar, proteger y regular, en el ámbito administrativo, el ejercicio de los derechos a la comunicación”, lo cual difiere del texto original en esta materia.
El documento recibió 615 observaciones de asambleístas, gremios de periodistas, dueños de medios, Consejo de la Niñez y Adolescencia, y varios colectivos ciudadanos.
El borrador contiene 140 artículos, 17 disposiciones transitorias, 2 derogatorias y 1 disposición final. En el informe de Contraloría señala que 226 frecuencias fueron concedidas ilegalmente por la Superintendencia de Telecomunicaciones, 30 por no contar con informe previo; 127 por no suscribir contratos; 30 por cambios ilegales de repetidora a matriz; 40 por no contar con estudios de ingeniería; 195 traspasos de frecuencias concedidas bajo la modalidad de devolución-concesión.
Adicionalmente existen 133 resoluciones de 195 frecuencias, de las cuales 137 son de FM y 44 de AM, 33 estaciones de onda corta; 10 canales de televisión y un sistema de televisión por cable.
