El regulador británico de las comunicaciones desestimó ayer una denuncia presentada por el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien consideró una violación de su derecho a la intimidad que un programa de televisión mostrara imágenes de él bailando en una discoteca.
La queja surgió en noviembre del año pasado cuando la cadena Channel 4, de Reino Unido, transmitió el documental “WikiLeaks: Secrets and Lies”. Para el australiano ese programa mostró imágenes de él sin su consentimiento.
El reportaje, que cuenta la historia de WikiLeaks, incluyó imágenes de Assange bailando en una discoteca de Islandia mientras un locutor realizaba comentarios sobre su caso judicial.
Assange alegó ante el Ofcom (la oficina inglesa encargada de temas de comunicación) que las imágenes fueron difundidas sin su consentimiento y que solo aceptó ser filmado en la pista de baile porque iba a ser “solo para el uso personal del realizador”. También dijo haber sido “tratado injustamente” en el documental.
Channel 4 argumentó que el fundador de WikiLeaks no podía tener ninguna expectativa de derecho a la intimidad en relación con las imágenes, puesto que fueron filmadas en un lugar público y se han mostrado “con frecuencia” en otros medios de televisión e Internet.
En una decisión de 36 páginas, el Ofcom le dio la razón a la cadena de televisión y estimó que Assange “consintió” aparecer en el programa y que éste fue justo con él y le dio un derecho de réplica adecuado. Actualmente Assange permanece en la embajada ecuatoriana de Londres como asilado diplomático del país sudamericano.
Pero el australiano no puede abandonar la legación porque Reino Unido se niega a otorgar un salvoconducto que le permita viajar a Quito. Inglaterra quiere extraditar a Assange a Suecia, país que lo requiere para ser interrogado como sospechoso de cuatro presuntos delitos de agresión sexual, lo que Assange ha negado insistentemente.
Assange teme ser trasladado posteriormente desde Suecia a Estados Unidos para responder por espionaje, por haber divulgado en su sitio 250.000 cables diplomáticos estadounidenses y documentos secretos sobre las guerras de Irak y de Afganistán, lo que según él y sus allegados lo expone a ser condenado a cadena perpetua o a la pena de muerte.
