En medio de una creciente tensión diplomática y ante el agravamiento de la situación bilateral, Gran Bretaña rechazó una propuesta de España para iniciar negociaciones por la soberanía del Peñón de Gibraltar, el disputado territorio de 6,8 kilómetros cuadrados ubicado al sur de la península ibérica.
El Gobierno británico reafirmó su postura luego que el ministro de Exterior español, José Manuel García-Margallo, pidiera en un artículo publicado ayer en el Wall Street Journal que comenzara las negociaciones con Londres «lo antes posible».
Sin embargo, el portavoz oficial del primer ministro británico, David Cameron, indicó que el Reino Unido «no entrará en ningún tipo de diálogo al respecto». «La soberanía (de Gibraltar) está clara en nuestras mentes», agregó el vocero de Downing Street, al indicar que la única negociación que Londres puede avizorar con España por Gibraltar es acerca de prácticas pesqueras y no sobre su soberanía o control de aguas para faenar.
Las tensiones diplomáticas entre ambos países aumentaron en julio pasado, luego que el Gobierno gibraltareño decidiera construir un arrecife artificial con bloques de hormigón en las aguas disputadas. Según España, dicho arrecife restringe el acceso de sus pescadores, generándoles pérdidas financieras.
El Gobierno español reclama la soberanía del Peñón, con una población actual de 30.000 habitantes y que fue cedido por España al Reino Unido hace 300 años bajo el Tratado de Utrecht. «Desde el comienzo de la actual administración, el Gobierno español ha instado al Reino Unido a retomar negociaciones bilaterales lo antes posible sobre el tema de la soberanía de Gibraltar, que ha estado esperando por demasiado tiempo», escribió García-Margallo en el Wall Street Journal.
España reforzó los controles fronterizos con el Peñón desde la construcción del arrecife y amenazó con tomar incluso más acciones, como la introducción de un impuesto de 50 euros para el cruce desde y hacia Gibraltar. Este lunes, la Comisión Europea confirmó que enviará una misión de inspectores al Peñón, para examinar la legitimidad de dichos controles.
Mientras que, partidos de la oposición en España y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, acusaron al gobierno de Mariano Rajoy de utilizar el conflicto diplomático como «cortina de humo» para tapar escándalos de corrupción de funcionarios en el poder. En su artículo publicado el martes, García-Margallo reiteró la demanda de Rajoy para que Gran Bretaña retire los bloques de hormigón.
También confirmó que España está dispuesta a iniciar reuniones sobre el tema entre otras autoridades, como el Gobierno de Gibraltar y las administraciones locales de la región de Andalucía. «El diálogo debe ser bilateral y respetar las leyes internacionales, europeas y nacionales», destacó.
Desde Londres, el portavoz de Cameron sostuvo, por su parte, que cualquier negociación bilateral «estará limitada en sus temas». «Debe haber más diálogo sobre el tema de pesca, pero no sobre quién es responsable por las aguas (de Gibraltar) que para nosotros está claro», continuó.
En las últimas semanas se formaron extensas filas de vehículos en la frontera de Gibraltar como consecuencia de los controles impuestos por España tras la disputa por los bloques de hormigón.
Gibraltar no forma parte del Acuerdo de Schengen de fronteras abiertas entre países de la Unión Europea (UE), que implica que España tiene derecho a implementar controles fronterizos con el Peñón.
Para García-Margallo, otro de los problemas que preocupa a Madrid es el «turbio» régimen impositivo del Peñón, que, según el canciller, favorece el fraude y el contrabando.
España ha amenazado con llevar el tema de Gibraltar a Naciones Unidas, donde buscaría el apoyo de Argentina, otro de los países que mantiene disputas territoriales con el Reino Unido, en este caso por la soberanía de las Islas Malvinas, en el Atlántico Sur.
CE INVESTIGARÁ BLANQUEO Y CONTRABANDO
La Comisión Europea (CE) analizará en Gibraltar, a petición de España, el contrabando y blanqueo ilegal que ha llevado a España a reforzar su control fronterizo, así como el lanzamiento por parte del Peñón de bloques de hormigón al mar.
Para ello, la misión de técnicos comunitarios incluirá especialistas del gabinete de la comisaria de Interior, Cecilia Malmstrom; del comisario de Aduanas, Algirdas Semeta, y de la Oficina Antifraude Europea (OLAF).
Sobre la fecha de la misión, el portavoz de la CE, Olivier Bailly, apuntó que se baraja a mediados de septiembre, aunque se intenta avanzarla si es posible, aunque, «en cualquier caso, no estará lista en una semana».
