El Presidente de la República, Rafael Correa, recordó que la Asamblea Nacional está obligada a recoger y aplicar inmediatamente el pronunciamiento que, el próximo 7 de mayo, dé el pueblo a las 10 preguntas de la Consulta Popular.
En una entrevista con canal Ally TV de Tena, el Mandatario criticó que la oposición proponga votar NO en la Consulta con el argumento de que un triunfo del Gobierno en las urnas, no implica necesariamente que las reformas aprobadas entren en vigencia, pues en varias de ellas se necesita la intervención de la Asamblea para la aprobación de leyes como la de Comunicación.
“Este es una justificación tan fatua, nos creen tontos. Si eso es verdad la solución no es votar NO. La solución es obligarle a la Asamblea a que cumpla”, indicó el Jefe de Estado quien añadió que cosas como esta demuestran que la oposición actúa con banalidad, simpleza y falta de argumentos.
El gobernante exhortó hoy al pueblo ecuatoriano a votar por el Sí y a presionar a la Asamblea Nacional a que cumpla con su deber pues de lo contrario dijo, “estaría rompiendo todos los principios constitucionales y democráticos (…) Y eso es impensable”.
El Presidente recordó que no todos las preguntas de la Consulta necesitan de una gestión posterior de la Asamblea. Citó por ejemplo el caso de las preguntas 1 y 2 que entrarán en vigencia tan pronto como los resultados de la Consulta sean publicados en el respectivo Registro Oficial.
Estas preguntas son precisamente las que tiene que ver con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana pues en ellas, entre otras cosas, se plantean sanciones para los jueces, fiscales y otros operadores de justicia que facilitan la liberación de delincuentes peligrosos a través de medidas como la caducidad de la prisión preventiva y el establecimiento de medidas cautelares.
“Digamos Sí y presionemos para que la Asamblea cumpla con las disposiciones de la Consulta”, recalcó y agregó que una vez que se obtenga el voto favorable para el referéndum, entonces los ecuatorianos deberán exigir a los legisladores que tramiten no solo la Ley de Comunicación sino también las leyes relacionadas con la penalización del enriquecimiento privado no justificado y de la no afiliación de los trabajadores a la Seguridad Social.