La asambleísta oficialista, Betty Carrillo, destacó la necesidad de contar con un organismo que regule, no que controle, los contenidos explícitamente sexuales y violentos de los medios de comunicación. A su criterio, en el país existe la autorregulación de la prensa, pero en la práctica esto no se cumple.
Dijo que si bien los ciudadanos tienen la libertad de escoger los programas que gusten, deben existir políticas de Estado que motiven a los medios generar contenidos de calidad.
Dijo que, por ejemplo, el Código de ética de la Asociación de Canales de Televisión excluye del horario familiar programas con contenidos violento y sexual, sin embargo, en la franja familiar se siguen transmitiendo.
La legisladora, que integra la comisión parlamentaria que elabora la ley de comunicación, explicó que el consejo de regulación –contemplado en el proyecto legal- estará conformado por un equipo técnico, apolítico.
En la última sesión sobre contenido discriminatorio de la comisión de comunicación se presentaron dos propuestas: la primera la presentó Carrillo a nombre de seis asambleístas del Movimiento País; y, la segunda, de César Montúfar, Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo.
La propuesta de Betty Carrillo señala que la programación de los medios de comunicación públicos, privados y comunitarios deberá evitar contenidos que promuevan o inciten tratos implícita o explícitamente discriminatorios, en todas sus formas predominantes como invisibilización o estereotipación por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma y otros motivos.
En la propuesta consta la discriminación ausente, irrelevante o marginal, medianamente relevante y muy relevante.
En tanto, que la iniciativa de César Montúfar, Jimmy Pinoargote y Fausto Cobo sostiene que la regulación debería concentrar en tres aspectos: mensajes que deberían limitarse como parte del legítimo ejercicio democrático; mensajes que deberían programarse por franjas horarias de acuerdo a su clasificación de contenidos; y, fomento de políticas públicas a favor del pluralismo y erradicación de los mensajes discriminatorios, que atenten los derechos de los niños y adolescentes, pueblos, nacionalidades y otros sectores.
Además incluye artículos sobre prevalencia de contenidos informativos, culturales y educativos, participación e inclusión, derecho al acceso en igualdad de condiciones al uso del espectro radioeléctrico, entre otros.
