La creación, mediante decreto del 7 de marzo, de la Subsecretaría de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial no preocupa al sector naviero y marítimo privado.
Estos actores ya estaban preparados para el traspaso de las responsabilidades administrativas y regulatorias desde el Consejo Nacional de la Marina Mercante y Puertos a una dependencia del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Emilio Aguiar, presidente de la Cámara Marítima del Ecuador (Camae), aseguró que el cambio era un tema que se venía cayendo por su peso. Algo parecido sostiene la Asociación de Terminales Portuarios Privados del Ecuador.
“Esto se esperaba. Había un sector que reclamaba la creación de una cartera de Estado para que la política naviera-portuaria sea manejada como un ente privado y no como parte de las Fuerzas Armadas”, explicó Aguiar.
El titular de este gremio, conformado por 80 compañías, consideró que la persona encargada de la Subsecretaría debe ser técnica y tendrá que mantenerse al margen del ámbito político. Exhortó a quien vaya a ocupar el cargo para que sus decisiones sean acordadas y consensuadas con los usuarios del sistema portuario nacional.
En cuanto a los cambios que se requieren para el desarrollo del sector, dijo que el más importante debe darse en el marco jurídico, el cual, a su criterio, debe estar acorde con la realidad actual.
“Hay un Código Marítimo de Comercio de hace 95 años, existe otra ley que tiene como 40 años y a la que se ha modificado con parches”, precisó el principal de la organización que agrupa a compañías vinculadas a actividades marítimas y portuarias.
Añadió que en los países vecinos, Colombia y Perú, desde hace algunos años se trasladó la misma responsabilidad a sus respectivos ministerios de Transporte.
Al momento, el documento presidencial es analizado por el Departamento Jurídico de la Camae y por cada uno de los afiliados. En los próximos días el directorio conocerá el informe hecho por los abogados.
De acuerdo al decreto 1087, expedido a inicios de mes, todas las facultades y atribuciones que tenía el Consejo de la Marina Mercante pasan a la Subsecretaría.
En el Ministerio de Defensa se mantiene la responsabilidad en la vigilancia de la soberanía, la custodia de mares, ríos y océanos, así como la capacitación en la Escuela de la Marina Mercante. El documento indica -además- que se crean dos direcciones: la de Puertos y la de Transporte Marítimo y Fluvial.
Esta entidades son las que reemplazarán a Dirección General de la Marina Mercante (Digmer) y a la Secretaría de Protección Marítima (Seprom).
Los cambios de funciones
El 15 de enero de 2007, el presidente Rafael Correa -en su octavo decreto- dispuso la creación del Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Luego, en un documento similar, pero en mayo del siguiente año, estableció que la Digmer pase a ser una dependencia de la Subsecretaría de Puertos.
Se creó también la Dirección Nacional de Espacios Acuáticos (Dirnea) como institución dependiente de la Comandancia General de la Marina.
En 2009, a la Dirección de la Marina Mercante se le determinó que sus competencias están señaladas en la Ley General de Transporte Marítimo y Fluvial.
Asimismo, en la disposición presidencial se expresa que la Fuerza Naval, a través de las capitanías de puerto, tienen la capacidad técnica y operativa para facilitar y garantizar el control, la seguridad marítima, la protección de la vida en el mar y la defensa nacional.
