El derrocado presidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez y Stalin López, abogado del exdirector del hospital de la Policía César Carrión, serán incluidos en las investigaciones por la sublevación policial e intento de golpe de Estado del 30 de septiembre de 2010.
El anuncio lo realizó a la Agencia Andes el viceministro del Interior, Leonardo Barrezueta.
El viceministro dijo que Stalin López deberá dar una “respuesta lo suficientemente contundente” sobre qué hacía en los alrededores del Regimiento Quito N°1 en el momento en que se desarrollaban las protestas y agresiones contra el presidente Rafael Correa.
Respecto a la participación de Gutiérrez, señaló que el movimiento oficialista PAIS analiza la posibilidad de encausarlo judicialmente.
Las sospechas sobre el derrocado mandatario se deben a sus declaraciones en un foro en Miami, en el que sostuvo que si se acaba con Correa se termina el modelo político que el presidente ecuatoriano promueve.
El funcionario confirmó que el gobierno del Ecuador tiene nuevas pruebas que involucran a otros personajes en los sucesos y que confirmaría que la sublevación estuvo preparada con antelación.
“Hay un avance importante sobre el paradero de ciertos elementos que cometieron estos actos indisciplinarios el 30 de septiembre y que no han sido todavía ubicados. Hay pruebas sobre audios y videos”, mencionó.
PROCESOS JUDICIALES Y SANCIONES DISCIPLINARIAS
El pasado 6 de septiembre, la Corte de Justicia de Pichincha sentenció a dos años de prisión a los policías Luis Martínez, Luis Bahamonde y Jaime Paucar, por el delito de intento de magnicidio.
Martínez está sindicado por llamar a matar a Correa a través de la radiopatrulla de la Policía; Bahamonde es acusado de lanzar gas lacrimógeno al mandatario; y Paucar de intentar quitarle la máscara antigas. Para Barrezueta, la sentencia judicial confirma que existió la intención de atentar contra la vida de Correa.
Sobre la situación al interior de la institución policial, aseguró que actualmente no existen las condiciones para que se repita una revuelta similar a la de 2010.
“La Policía ha entendido que fue un error lo que cometió. La Policía no se va a volver dejar sorprender por los politiqueros que utilizaron la Ley de Servicio Público para desinformar, manipular y realizar un golpe de Estado”, subrayó.
Posterior a los hechos del 30-S, el gobierno impulsó una campaña de información en las filas policiales respecto a los beneficios que reciben.
Las autoridades policiales abrieron 129 expedientes administrativos contra los gendarmes que participaron en la revuelta. De ellos, 24 fueron sancionados con la baja por mala conducta.
