Tendido en una húmeda calzada y con heridas de bala en su cuerpo, fue como pasó sus últimos momentos de vida, Miguel ángel Mendoza Yépez, de 28 años, por haberse resistido a un asalto en la modalidad de secuestro exprés.
Durante 45 minutos aproximadamente, Mendoza agonizó en la carretera sin recibir ningún tipo de atención médica, pese a que a pocos metros se encuentra ubicada la clínica Kennedy-Samborondón.
La muerte de este ciudadano se convirtió -la noche del miércoles pasado- en un suceso que no solo causó conmoción por la violencia con la que arremeten los antisociales, sino por la nula reacción del centro hospitalario privado ante la tragedia de un ser humano.
Rocío Arreaga, al igual que otros ciudadanos que se encontraban en el sitio, indicó que los representantes de la clínica se negaron a enviar una ambulancia para brindar atención a la víctima.
Ante la presunta negligencia, Gabriela Yépez, madre de Mendoza, recalcó que demandará a ese centro hospitalario, ya que, de haber prestado el auxilio requerido, su hijo podría estar aún con vida.
El intendente del Guayas, Julio César Quiñónez, acudió la noche del miércoles a esa área de salud para constatar esas acusaciones.
Tras una breve visita, el funcionario ordenó la detención del administrador de la casa asistencial y manifestó que iniciará una indagación para determinar la razón por la cual, aparentemente, Mendoza no fue auxiliado a tiempo.
Ayer se conoció que en horas de la mañana fue puesto en libertad el administrador del centro, lo cual no imposibilita el inicio de un proceso judicial para determinar responsabilidades en este caso.
Franklin Ortiz, judicial con más de 20 años de experiencia, indicó que si en un juicio se establece que el profesional, o persona que está encargada, produjera la muerte a raíz de su negligencia, imprudencia o falta de previsión sería culpable de homicidio culposo.
Sobre la base de las circunstancias mencionadas es que los profesionales en derecho inician una querella para tratar de encontrar una sanción para el profesional médico que, supuestamente, habría incurrido en el delito descrito.
No obstante, según consideró el judicial, el problema de determinar la responsabilidad del médico se agudiza de cierta forma porque en la legislación no existe una norma que, específicamente, sancione la negligencia médica, además de las debilidades que hay en el sistema penal, disposiciones confusas y penas muy leves.
El fiscal de Samborondón, Jaime Sandoval, indicó que, presuntamente, el asalto se cometió cuando la víctima iba a bordo de un taxi con dos acompañantes.
Según las investigaciones preliminares, a Mendoza le dispararon en el interior del vehículo y se detuvieron para dejarlo en la vía pública.
