«El Ministerio del Ambiente (MAE) velará por cumplimiento de estrictos y modernos planes de protección del medio ambiente para cualquier actividad extractiva», señala esa cartera de Estado en un comunicado tras el anuncio anoche del presidente Rafael Correa de la finalización de la Iniciativa Yasuní-ITT.
Este viernes, la ministra Lorena Tapia garantizó el control ambiental en la explotación de crudo en una zona del Parque Yasuní, en caso de que la Asamblea autorice su intervención.
La funcionaria señaló, durante una entrevista en Gama TV, que «es absolutamente importante» que la ciudadanía sepa que «el Parque Nacional Yasuní va a seguir más intacto que nunca, con el mayor esfuerzo del Estado, a través del Ministerio de Ambiente».
Explicó que el Parque Nacional Yasuní tiene alrededor de un millón de hectáreas y el bloque Ishpingo Tambococha Tiputini (ITT) unas 200 hectáreas, pero apuntó que «la explotación como tal (…) sería de alrededor del uno por mil aproximadamente y se van a usar las mejores tecnologías, y desde el MAE, el mejor control».
La ministra aseguró que la autoridad ambiental ahora es «fuerte» en comparación con la de hace seis años, reconoció que el sitio en el Yasuní es de «un alta biodiversidad», pero señaló que aplicarán sistemas de «control y fiscalización» ante una iniciativa que será «difícil de abordar en el plano ambiental, pero no imposible».
También invitó a tomar conciencia a «que las posiciones extremas no le dan bienestar al pueblo ecuatoriano». En ese sentido llamó a los ciudadanos a informarse y reiteró su compromiso de que la posible explotación incluso «marcará un hito en el cuidado de la naturaleza».
El anuncio oficial del fin del proyecto desató inmediatamente una dura polémica en las redes sociales. También se registraron manifestaciones en las afueras del Palacio de Gobierno, en las que se exigía que el tema sea llevado a consulta popular.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Humberto Cholango, aseguró en su cuenta de Twitter que «ahora toca a todos ecuatorianos defender Yasuní y a los pueblos (indígenas) en aislamiento».
Ecuador lanzó el proyecto hace seis años en la sede de Naciones Unidas, cuando pidió la «corresponsabilidad» económica de la comunidad internacional para no explotar el crudo del eje ITT, lo que también suponía evitar la emisión a la atmósfera de 407 millones de toneladas de dióxido de carbono, que se generaría con la combustión del hidrocarburo.
