Las versiones contradictorias entre el Municipio de Riobamba y el Banco Central del Ecuador (BCE) sobre el supuesto robo cibernético de $13'308.261 que reposaban en las cuentas del Cabildo en la entidad financiera, puso un ambiente tenso en la ciudad. Según el alcalde Juan Salazar, la cuenta fue «hackeada» y los $ 13'308.261 se transfirieron a 31 cuentas de personas naturales y jurídicas en todo el país.
Sin embargo, mediante un comunicado de prensa emitido el viernes por el BCE, la institución sostiene que «el sistema de seguridad del que dispone para administrar las cuentas del sector público registra altos niveles de confiabilidad y extremas medidas contra el hackeo». E indicó que las aseveraciones del burgomaestre carecen de fundamento y sustento técnico al respecto.
De su parte, Salazar recalcó que las transferencias se hicieron en horarios no autorizados: 13:37, 14:02 y a la medianoche de los días 4, 6, 8 y 10 de abril, horas no laborables para la Municipalidad. «¿Cómo es que se autoriza por parte del BCE el retiro a estas horas?(…) Nuestros fondos estaban en una cuenta T y cuando reportamos el atraco ante sus autoridades, nos dijeron que nada tenían que hacer, lo cual merece nuestro rechazo».
La entidad financiera sostiene que «el uso de las claves únicas entregadas es de exclusiva responsabilidad del representante legal de las instituciones públicas o su delegado», además las transferencias pueden realizarse las 24 horas del día, al igual que en otro banco.
Además el BCE informó que las transferencias ejecutadas desde las cuentas del Cabildo se realizaron con la utilización de sus claves. La entidad financiera entrega claves únicas a tres personas: al tesorero municipal, al alcalde y al director financiero.
Al momento, Roberto Hidalgo, juez primero de lo Penal de la Corte Provincial de Chimborazo, ordenó la prisión preventiva de Segundo Francisco Tomaquiza Licintuña, Juan José Llasha Guzmán y José Francisco Pombosa Guamán, sospechosos de cometer el supuesto delito informático en contra del Municipio.
Carlos Cabrera, agente fiscal, informó que tras receptar las declaraciones de los tres detenidos se conoció que el supuesto ilícito se habría cometido a través del sistema de pagos vía Internet del BCE: «toda la documentación registra con detalle cómo se dio la transferencia, quiénes son los beneficiarios y los montos que estaban por recibir. Se han receptado las versiones de los sospechosos, quienes admiten que recibieron ese giro».
Además involucró en el caso a Máximo Alejandro Cuji Manya, prófugo de la justicia que tiene antecedentes penales y una boleta de captura en Quito por peculado, además fue denunciado por los ahora detenidos como su contacto para recibir $ 897.500 en una cuenta del Banco Capital de Ambato.
Ayer también se conoció de la detención de una mujer en el Banco Bolivariano de Santo Domingo de los Tsáchilas cuando intentaba retirar $ 863 mil, dinero que habría sido desviado de la cuenta municipal. De las declaraciones del viernes se desprende que se logró detener las transferencias ilícitas de 10 millones de dólares; mientras que el destino de los otros 3 millones es incierto.
Casos de desvíos ilegales de fondos en las municipalidades no son nuevos, ya que un hecho similar sucedió en la Municipalidad de Penipe, en donde se sustrajeron alrededor de 634 mil dólares. En ese caso ya existen sentenciados. En la provincia de Carchi, en el municipio San Pedro de Huaca, en 2008 se involucró directamente en el robo a uno de los funcionarios que tenía acceso a las claves.
