La indignación crece en España por la decisión del gobierno de eliminar el acceso gratuito al sistema público de salud a los inmigrantes irregulares, un descontento reforzado el martes por un proyecto del ejecutivo para proponerles seguros de pago para acceder a los médicos.
«Mi lealtad hacia los pacientes no me permite faltar a mi deber ético y profesional y cometer un abandono», dice un manifiesto firmado en internet por unos 870 médicos de familia.
Firmándolo, los doctores entran a formar parte de una red de «objetores de conciencia» creada en julio por la Sociedad Española de Médicos de Familia y Comunitaria (semFYC, formada por 19.500 profesionales) para oponerse a esta medida, que entrará en vigor el 1 de septiembre.
En el marco de sus draconianas políticas de austeridad para intentar reducir el déficit público español de 8,9% del PIB en 2011 a menos del 3% en el 2014, el gobierno conservador de Mariano Rajoy decidió privar a los sin papeles del acceso gratuito a la salud pública.
Así, los inmigrantes en situación irregular solo serán tratados gratuitamente en los servicios de urgencias, en la atención a las embarazadas y en la asistencia médica a los menores de 18 años.
Los médicos de familia afirman «no poder de dejar de atender a personas que han sido pacientes» y denuncian que la nueva medida «vulnera el código deontológico médico».
Gobierno español dice que es 'ahorro'
Para el gobierno, se trata de ahorrar «aproximadamente mil millones de euros por año» con esta decisión unida a otra medida destinada a limitar el «turismo sanitario» de los europeos no residente en España.
Pero, en respuesta al malestar de los médicos, el ministerio de Sanidad dio un paso el martes para reintegrar a los sin papeles en el sistema público de salud. A condición que paguen.
El ministerio afirmó así estar trabajando en la creación de «convenios» de pago que permitan, sobre todo a los no europeos, «ser recibidos en el sistema público». No precisó sin embargo qué coste tendrán.
Las autoridades parecían reaccionar así a informaciones publicadas el martes por el diario El País según las cuales los inmigrantes irregulares deberán pagar 710,40 euros por año si son menores de 65 años y la suma podría llegar a 1.864,80 euros anuales para los mayores de esa edad.
Entre las asociaciones de defensa de los inmigrantes, la noticia provocó «suma sorpresa y preocupación», afirma Vladimir Paspuel, presidente de la asociación hispano-ecuatoriana Rumiñahui. «Se va a por las personas más vulnerables, que son las personas indocumentadas», afirma. «Muchos no tienen trabajo o están en trabajos muy precarios donde son explotados», agrega.
Precisa sin embargo que su asociación no sería contraria a la introducción de una cotización, aunque menos elevada que las cifras avanzadas el martes.
«Esa cuota es muy alta», afirma. «También queremos arrimar el hombro para salir adelante» pero «se debe consensuar cómo, de manera que no vayamos a por los más débiles», agrega llamando al gobierno español y a los gobiernos de origen de los inmigrantes a buscar un acuerdo.
