Cerca de mil médicos protestaron ayer frente al Ministerio de Salud en rechazo al artículo 146 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proyecto se aprobaría hoy definitivamente en la Asamblea, una vez que se tramite la objeción parcial que envió el Ejecutivo.
El texto establece que la persona que en el ejercicio de su profesión ocasione la muerte de otra será sancionada con cárcel de tres a cinco años si se produce por acciones «innecesarias, peligrosas e ilegítimas».
Médicos residentes del hospital Andrade Marín salieron a las calles con carteles que decían «No damos garantías porque no vendemos electrodomésticos, somos médicos».
Recorrieron por casi una hora el centro norte de Quito. En el camino se les unieron los galenos de las clínicas Pichincha y Novaclínica, y del hospital Metropolitano.
Paralelamente, en la Plaza Grande y afuera de las gobernaciones del país, militantes de Alianza PAIS manifestaron su apoyo al nuevo cuerpo legal. La convocatoria la hizo el presidente Rafael Correa.
Por la mañana, médicos de Solca de la capital suspendieron por dos horas la atención de consulta externa como forma de protesta. Pero ante la posibilidad de que el régimen frene la entrega de recursos, estos se desmovilizaron.
Solón Espinosa, presidente de Solca Quito, comentó que luego de una reunión con una comisión del Ministerio de Salud, «el Gobierno manifestó que si Solca no da atención, le retira la ayuda a la institución». El desembolso del Gobierno asciende a $ 60 millones.
Espinosa anunció que las 600 atenciones médicas previstas para ayer se atenderán.
La medida causó molestia entre pacientes que llegaron de provincias como Cotopaxi, Tungurahua y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Cecilia Totaquiza viajó desde Pelileo (Tungurahua). «Es doble gasto, soy paciente, desde hace seis años me trato aquí de las mamas, me han salvado, son muy buenos, no tengo cáncer por los médicos, pero no me parece que deba hacer el viaje en vano», se quejó la mujer.
En el hospital Metropolitano, algunos médicos decidieron suspender individualmente la consulta. Ese fue el caso del traumatólogo Pablo Ramos, quien atendió la rodilla del presidente Correa. En su consultorio colocó un crespón y un cartel que decía: «Por el Código Penal Médico».
En el hospital San Francisco de Quito, que regenta el IESS, asimismo, los médicos colocaron mandiles en los exteriores, en señal de protesta.
3mil médicos extranjeros reemplazarían a los que renuncien.
