El embarazo en menores de edad es un grave problema de salud pública que no termina de ser solventado, agravando de esta forma la salud y el futuro de aquellas jóvenes quienes lo sufren.
Ecuador, por ejemplo, es el segundo país de la región con la tasa más alta de embarazos en adolescentes.
Y es que, de acuerdo a declaraciones oficiales, este tipo de embarazo es mucho más costoso que incluso una campaña preventiva.
Los costos de un embarazo adolescente son altos para un Estado, ya que, además de requerir atención en salud, éste aumenta los índices de pobreza por la pérdida de oportunidades que causa a las jóvenes.
El estudio denominado “Costos de Omisión en Salud Sexual y Reproductiva en Ecuador”, explica que, en el 2015, Ecuador pagó $472,9 millones por embarazos adolescentes, esto incluye: maternidad, mortalidad materna, aborto inseguro, complicaciones obstétricas y atención pre y posnatal.
Esta cifra es 17 veces mayor al costo de prevención de esos mismos factores: $27,6 millones.
El estudio detalla que los costos anuales generados por el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana ascienden a cerca de $270 millones (0,26 % del PIB nominal).
NO CUENTAN CON AYUDA NI OPCIONES
Tania Montaño, socióloga y activista feminista, se muestra preocupada porque este hecho se está naturalizando.
Montaño, expresó:
“El impacto de una niña embarazada es menor a la posibilidad de que acceda a un aborto. La maternidad es tan idealizada, que es preferible que una niña sea madre a darle opciones”.
Virginia Gómez de la Torre, representante de la Coalición Nacional de Mujeres, dice que obligar a una niña a continuar con un embarazo es considerado como una tortura.
Este criterio se sustenta en lo dicho por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, que determina que anualmente 2 millones de niñas de entre 10 y 14 años dan a luz y, casi 70.000 están en la región.
PODRÍAN VENIR NUEVAS ACCIONES EN EL FUTURO
En el año 2019, se llevó hasta la Asamblea Nacional el proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal (COIP), para incorporar en su artículo 150 la legalidad del aborto en casos de violación. Sin embargo, no obtuvo los votos suficientes.
Después de un año, los colectivos feministas insisten en la necesidad de que el aborto sea legal “es lo mínimo que como sociedad se puede hacer por niñas que han sido abusadas”, sostuvo Montaño.
Por esta razón, esta semana, organizaciones sociales presentaron una acción de inconstitucionalidad para que la Corte Constitucional (CC) analice el artículo 150 del COIP y, de concluir que no garantiza los derechos de las mujeres, poder modificarlo.
A esto, se suma el precautelar la vida, añade Gómez de la Torre, pues enfatiza que los embarazos adolescentes implican mayor riesgo de mortalidad materna y muertes neonatales.
(Fuente: La Hora)
