La Fiscalía mexicana envió al prestigioso laboratorio de la universidad austríaca de Innsbruck unos restos humanos incinerados que teme que pertenezcan a algunos de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre en Iguala (sur), informó este jueves una fuente de la dependencia.
«Se enviaron ayer (miércoles) al laboratorio», dijo un funcionario de prensa de la Fiscalía, que avanzó que los detalles del envío serán ofrecidos en las próximas horas.
La fuente no pudo precisar a cuántas personas corresponden los restos enviados ni qué huesos son.
El fiscal general, Jesús Murillo Karam, ha dado pocas esperanzas de que los restos puedan ser identificados al precisar que fueron hallados prácticamente en estado de desintegración. Únicamente dos huesos localizados tienen posibilidades de que se les pueda extraer el ADN, avanzó el fiscal.
Los restos fueron localizados en un basurero de la localidad de Cocula, vecina de Iguala, y en el margen de un río cercano a raíz de la declaración desde prisión de varios presuntos sicarios del cártel Guerreros Unidos, que la noche del 26 de septiembre habrían recibido a los estudiantes de manos de policías corruptos de Iguala.
Los detenidos han confesado que asesinaron a los jóvenes en el basurero y después quemaron sus cuerpos durante 14 horas antes de colocarlos en bolsas de basura y arrojarlas al río, según la fiscalía.
Por el estado de los restos, los resultados de los trabajos de identificación podrían tardar todavía «varias semanas», dijo el subsecretario (vicecanciller) de Relaciones Exteriores mexicano, Juan Manuel Gómez Robledo.
El laboratorio de la Universidad de Innsbruck es reconocido por trabajos de identificación en casos impactantes, entre ellos de víctimas del régimen del exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) y de fallecidos en Sri Lanka por el devastador tsunami de 2004.
Los familiares de los desaparecidos, que este jueves emprenden una serie de caravanas de protesta por el país, han dicho que no creerán la versión de los sicarios sobre el asesinato de sus hijos hasta que no haya pruebas certificadas por forenses independientes, y exigen al gobierno que los siga buscando vivos.
El crimen de Iguala ha generado una gran conmoción nacional y fuertes protestas contra la clase política mexicana, colocando al presidente Enrique Peña Nieto en la peor crisis desde que inició su mandato en 2012.
