La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Irina Cabezas, demandó del exjefe de la Escolta Legislativa, Rolando Tapia, que diga al país a órdenes de quién o quiénes estaban el 30 de septiembre de 2010.
Estas declaraciones las formuló luego que el Segundo Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, acogiendo el pedido del representante de la Fiscalía, dispuso la suspensión de la audiencia de juzgamiento de los involucrados en la toma de las instalaciones del Palacio Legislativo, debido a la falta de algunos testigos.
La asambleísta Cabezas explicó que la segunda disposición especial de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece que la Escolta Legislativa de la Policía Nacional tendrá como misión fundamental atender, en el recinto legislativo, la seguridad de las y los asambleístas, personal asesor, funcionarios, empleados, visitantes e instalaciones de la Asamblea Nacional, así como estará a órdenes exclusivas de la Presidenta o Presidente de la institución, pero esa norma se incumplió el 30 de septiembre y se hicieron pronunciamientos de brazos caídos.
Reiteró que el 30-S la Escolta no garantizó la seguridad y exigió que Tapia debe precisar a quién respondían y de quiénes recibieron disposiciones ese día.
“Hemos acudido hoy al llamado de la justicia y lo seguiremos haciendo las veces que sean indispensables, con la verdad, esperando que se garantice el debido proceso”, agregó Irina Cabezas, al enfatizar que el 30-S los asambleístas de Alianza Pais, “junto al pueblo, defendieron la vigencia plena de la democracia”.
Entre tanto, Marisol Peñafiel, Zobeida Gudiño, Francisco Velasco, Mao Moreno, Linda Machuca, entre otros, coincidieron en comentar que “los victimarios, quienes cerraron las puertas de la Legislatura y atacaron severamente a los asambleístas, pretenden ahora aparecer como víctimas”.
“Los golpistas quieren engañar a la comunidad diciendo que aquí no ha pasado nada, olvidándose que se intentó, incluso, terminar con la vida del Presidente de la República”, aseveraron.
