La tercera consulta popular organizada por este Gobierno se prepara. Aunque las preguntas aún no se definen, el órgano electoral ya piensa cómo trabajará cuando llegue el momento.
Los temas de justicia, seguridad y ambiente son algunos de los que abordará el próximo referéndum propuesto por el Ejecutivo. Omar Simon, presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), resalta la importancia que tienen para la democracia las consultas populares.
“Entre los beneficios de nuestra Constitución está la posibilidad de que los ciudadanos intervengan directamente en la toma de decisiones del Estado en temas de trascendencia”, dice Simon. En su opinión esto “siempre será saludable para una democracia”.
Teresa López, una ciudadana de la tercera edad, cree que esa apreciación es acertada, sobre todo porque en sus 78 años de vida no ha dejado de sufragar una sola vez, lo mismo que su esposo de 94 años.
“Siempre es bueno que nos consulten, porque así demostramos que podemos tomar decisiones por nuestro país. El único problema sería que las preguntas no estén muy claras”, sostiene López, a quien le preocupa no poder leer con detenimiento cada consulta que se realice.
Para Simon, la fundamental es reconocer que son los 11 millones de votantes quienes tienen el poder de resolver los temas que les afectan directamente.
El órgano electoral aún no tiene conocimiento de las preguntas, pero todo debe cumplir un proceso. En una primera instancia se debe diferenciar la consulta del referéndum. La primera involucra, por lo general, preguntas de respuesta cerrada, como la que posiblemente se incluirá sobre las corridas de toros.
Mientras que un referéndum incluye enmiendas constitucionales (cambios en artículos de la Constitución) o reformas (modificaciones en los títulos o capítulos). Las segundas deben ser consultadas primero por la Asamblea en dos debates antes de someterse a la aprobación popular.
Empero, lo principal es que el Ejecutivo remita a la Corte Constitucional (CC) las interrogantes que se plantearán al pueblo. Luego, este organismo las calificará en un tiempo máximo de 20 días y las devolverá al Presidente con las distintas observaciones.
Estas modificaciones se referirán, principalmente, a vacíos constitucionales que la CC encuentre en el documento y que deban resolverse antes de remitirlo al Consejo Nacional Electoral (CNE).
Luego de la calificación, el Presidente de la República deberá emitir el decreto ejecutivo para que en los posteriores siete días el Consejo Electoral realice la convocatoria. A partir de allí, el CNE dispondrá de 60 días para organizar el proceso.
La función electoral se encargará de la convocatoria, el registro, la recepción de votos y la proclamación de resultados. Para que cada pregunta sea aprobada, debe tener el voto favorable de la mitad más uno de los votos válidos.
Respecto a cuánto costará la consulta o referéndum, Simon especifica que eso dependerá de su extensión, es decir, del número de preguntas, ya que eso implica el aumento de las juntas receptoras, de las papeletas y de la cantidad de gente que se capacitará. En el último plebiscito el Estado invirtió 28 millones de dólares.
El CNE estima que después del sufragio los resultados se podrían proclamar diez días después si no existen impugnaciones que se tengan que resolver través del Tribunal Contencioso Electoral.
La principal preocupación del CNE es la forma en que se presentarán las preguntas. Es decir, si por temas o individualmente. Esto se suma a la claridad que deben tener los textos para que no puedan ser malinterpretados por los ciudadanos, por lo que la difusión será mayor.
Foto: álvaro Pesantes-ANDES.
