El proceso penal que enfrenta Jaime Fernando Iza Chanatasig, por el presunto delito de estafa, comenzó con una acusación particular por parte del Municipio de Quito en 2007. Cinco años después, la audiencia de juzgamiento contra Iza se instalará mañana, a las 08:30, en el Tribunal Séptimo de Garantías Penales de Pichincha. Esta es la quinta vez que se intenta realizar esta diligencia.
Para el procurador municipal Ernesto Guarderas, la demora en el proceso se debe a que en sus inicios, el temor de los afectados imposibilitaba su comparecencia al juicio. “Se negaban a declarar en su contra”, dice.
A su criterio, los afectados no se decidían a entablar denuncias y a exponer sus casos ante la justicia, pues hay antecedentes de violencia que, presuntamente, fueron ejecutados por parte de Iza en contra de los moradores de los más de 10 barrios que habría lotizado y comercializado sin los permisos correspondientes.
Sonia Guadalupe, una de las afectadas, bajo juramento indicó que su casa fue quemada por el señor Iza, motivo por el cual debió mudarse, así como este son similares los testimonios de otros afectados.
Según el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, en su artículo 477, se establece que quien proceda al fraccionamiento total o parcial de un inmueble situado en el área urbana o de expansión urbana, con fines comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad, y que a la par reciba cuotas o anticipos en especies o en dinero por concepto de comercialización, incurrirá en delito de estafa tipificado en el Código Penal.
De igual manera, se establece que el Municipio podrá aplicar las sanciones económicas y administrativas previstas en la ley.
Dora Garzón, comisaria municipal de construcción, explica que por violar la ley, Iza ha sido multado en reiteradas ocasiones. Son cinco los expedientes que reposan en los archivos de la Administración Zonal Quitumbe, donde se da cuenta de las irregularidades detectadas que prueban que Iza incurrió en delito de estafa al haber comercializado tierras sin permiso.
Según los documentos, desde 2003 se han impuesto cinco sanciones económicas, la primera fue de 23 millones de dólares para Jaime Iza Chanatasig, la que después de una resolución reformatoria quedó en 17 millones de dólares y que hasta el momento se encuentra en espera de sentencia.
En 2004, por una denuncia de Segundo Moreno, representante del barrio la Pampa III, la empresa Iza Constructores fue multada con 577 mil dólares, mientras que la empresa Arthemsa A.E.I.K., perteneciente a Irina Korotkevich (ex esposa del ex ministro de Bienestar Social, Bolívar González) fue multada con 1 millón de dólares.
Según registros del Municipio, Irina Korotkevich, figura como la dueña legal de los 949 lotes que conforman el barrio “El Dorado”. En esta demanda, los afectados apelaron a la Procuraduría Municipal que ratificó la resolución de la Comisaría. Sin embargo, una acción de protección fue presentada en la Primera Sala de lo Civil y Mercantil, que el 9 de mayo del 2011 aceptaron el recurso y dejó sin efecto la resolución e imposibilitó el cobro de las multas.
El mismo año, por haber lotizado las “Terrazas de Guajaló”, y basados en un informe de control de la ciudad, se impuso una multa de 526 mil dólares a Iza Constructores y otra del mismo valor a José Tipan Escobar. El 26 de marzo del 2008, el Tribunal Constitucional dio de baja las resoluciones por considerarlas elevadas.
En 2005, Segundo Arias, morador del barrio la Pampa I, interpuesto una denuncia, por la cual se multó a Iza Constructores con 3 millones y medio de dólares, multa que fue dada de baja por un amparo constitucional emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo.
El mismo año otra multa de 520 mil dólares a la empresa Arthermsa vuelve a ser desconocida, mediante un amparo constitucional.
Las multan alcanzan esos valores, porque según la ley de Ordenamiento Territorial, una sanción económica puede ser calculada hasta cinco veces el valor del terreno, explica la comisaria de la construcción.
El procurador municipal manifiesta que Iza, al igual que otros lotizadores de tierras ilegales, se vale de la creación de falsas compañías para comercializar los espacios.
Otra de las infracciones de la ley se enfoca en la proporción de los terrenos, pues los fraccionamiento deben ser de al menos 200 metros, mientras que Iza fraccionó apenas en 100 metros.
De acuerdo a autoridades municipales, en las declaraciones de testigos en audiencias iniciales, se ha constatado que Iza ofrecía obras de alcantarillado y recibía fondos sobre eso, lo cual también es ilegal, la única entidad que puede ofrecer obras es el Municipio, señala el funcionario.
Guarderas menciona además que las causas prescriben en junio del 2012 y si por cualquier motivo las diligencias se siguen retrasando, se corre el riesgo de que llegada la fecha ya no se pueda juzgar a Iza por presunto delito de estafa. “Se debe cuidar que no suceda, pues el problema es desde hace 15 años”. De acuerdo al proceso que consta en la consulta de causas del Consejo de la Judicatura, en más de tres ocasiones se ha suspendido la audiencia de juzgamiento.
La razón de la audiencia fallida por tercera ocasión fue la inasistencia del abogado de la defensa, Jorge Huilcapi, por lo que Iza solicitó al Tribunal cambiar de abogado, acompañado del diferimiento de la audiencia, pues, según la ley, el nuevo abogado debe tener un tiempo prudencial para conocer los pormenores del caso que va a tratar.
Es así como designa a Edwin Pacheco Morales, como su nuevo defensor, pero días después, Iza volvió a solicitar cambio de abogado.
Finalmente, el 23 de marzo del año en curso, la audiencia se instaló, pero por motivos de tiempo se dictó la continuación de la misma para el 27 de marzo.
Sin embargo, ese día se conoció que el presidente del Tribunal, Fausto Fuentes López, fue suspendido de sus funciones por parte del Consejo de la Judicatura, mientras se resuelve un sumario administrativo que hay en su contra.
Como juez encargado se nombró a Franz Valverde, quien consideró pertinente anular la audiencia anterior y dictó una nueva fecha, por lo que se solicitó llamar nuevamente a los testigos e instalar la diligencia penal mañana, a las 08:30.
