Un estudio de la Agencia Nacional de Regulación y Control Minero (Arcom) estima que los cinco proyectos de explotación a gran escala, que el Estado concesionará en los próximos meses: Mirador, Fruta del Norte, Iam Gold, Panantza-San Carlos y Río Blanco, generarán más de 30.000 empleos directos e indirectos, particularmente en el sector de la construcción.
Jaime Jarrín, director ejecutivo de la entidad, señaló que sólo la minería industrial generará 34.837 fuentes de empleo, por lo que califica de “grande” al impacto socioeconómico que traerá la actividad.
Hecho que para Federico Auquilla, viceministro de Minas del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables, tiene una estrecha relación con la inversión en campamentos e infraestructura para el inicio de la explotación minera.
Además, destacó las altas regalías que percibirá el Estado y su influencia en el crecimiento del Producto Interno Bruto, que finalmente recaerá en el desarrollo productivo, social y económico del Ecuador.
El titular de la ARCOM destacó que el gasto para el desarrollo de las minas y plantas será de 4’352.000 dólares, mientras que los aportes al Estado por impuestos y regalías se estima que anualmente alcanzarán los 784 millones de dólares. Los niveles de tributación del sector son altos y las regalías que generen se reinvertirán en la atención de las necesidades insatisfechas en los sectores de influencia, que a su vez reducirá el desempleo.
La actividad minera también desencadena el fortalecimiento de otros sectores productivos, como los proveedores de energía industrial (energía eléctrica, combustibles, aceites y lubricantes, insumos químicos, explosivos, reactivos, etc.), de maquinaria pesada, venta de repuestos y partes, empresas de mantenimiento y reparación de equipos, servicios de transporte, obras civiles y de elaboración de muebles y enseres.
Ese incremento en la demanda de insumos para minería también permitirá la incorporación de nuevos profesionales a esos sectores, a través de consultorías técnicas, estudios y capacitación. Las compañías de telecomunicaciones (telefonía, internet), servicios contables, financieros y de seguros también intervendrán en la industria minera.
El desarrollo del sector, además, favorecerá a los negocios dedicados al mantenimiento de oficinas, alimentación, hotelería e inmobiliario, resaltó Jarrín.
El viceministro Auquilla recalcó que este sector aportará en el desarrollo de infraestructura física para vialidad, construcción y mantenimiento de la red vial existente. También impulsará el desarrollo de infraestructura educativa, de salud, deportiva, recreativa y de puertos y aeropuertos.
Si bien la minería aporta a un cambio sustancial de la economía de distintos sectores, para el consultor jurídico Guilherme Sales Lima “las autoridades locales y las empresas mineras deben apuntar a la vinculación interna del personal y de éste con la comunidad”. Eso evitará que se generen hechos censurables por la comunidad en donde se ejecutará la minería.
Es decir, “las transnacionales deberán promover actividades sociales que ayudarán a la integración entre los trabajadores y la comunidad, para que aumenten los lazos socio-afectivos”, indicó. Ese mecanismo de interacción social, según el consultor, ayudaría también a disminuir el choque cultural que, en el corto y mediano plazo, podría generar inconvenientes.
Ante ese planteamiento, el vicepresidente de Kinross, Dominic Channer, dijo que su empresa ya trabaja en la vinculación con la comunidad, desde el momento de la instalación del campamento.
Esta relación entre la comunidad y la empresa, según Channer, tiene que ver con “el respeto a la gente de la localidad, el brindarles seguridad laboral, empleos dignos y minimizar el impacto ambiental.
También está el respeto a los derechos humanos, priorizar la mano de obra local a los negocios de la zona y contribuir al desarrollo sustentable, implementando prácticas amigables con el medio ambiente”, una práctica común en otros países.
