La ministra de Justicia del Ecuador, Johanna Pesántez, desestimó las acusaciones de los gremios de prensa del país andino sobre una supuesta vulneración a las libertades. Por el contrario, la funcionaria, afirmó que las leyes y la Constitución aprobada en 2008 garantizan la libertad de expresión.
Pesántez forma parte del grupo de representantes de instituciones del Estado ecuatoriano que se encuentran en la capital estadounidense para participar en la audiencia temática de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los medios de comunicación ecuatorianos, críticos del presidente Rafael Correa, han considerado la audiencia como fundamental, en el marco de lo que consideran un ataque del régimen a la libertad de expresión.
No obstante, la ministra de Justicia explicó a la Agencia Andes que los criterios que puedan emitir los comisionados del organismo internacional, no tienen carácter vinculante.
En la audiencia, el procurador del Estado, Diego García, tiene previsto realizar una exposición técnico-jurídica; y el ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Patiño, hará una intervención sobre el carácter político de la relación Gobierno-medios.
Pesántez calificó como “una afirmación descabellada” las acusaciones de una supuesta manipulación de la justicia para coartar las libertades.
“¿Cómo pueden decir que es el Gobierno quien tienen los jueces cuando, en la práctica, hace muchísimo tiempo atrás fueron elegidos. Quiero que quede claro que no existe ninguna injerencia por parte del Estado (en la justicia)”, sostuvo.
Expuso que las leyes y la Constitución garantizan la libertad de expresión y el derecho al libre acceso a la comunicación.
“Existen normas que nos dan a todos los ciudadanos la posibilidad de que ese derecho sea respetado, considerándolo como una garantía constitucional”, subrayó.
Fuentes estatales explicaron que en Ecuador no se ha reportado un solo caso de censura oficial ni casos en los que se haya impedido el trabajo periodístico.
Además, que la Constitución de la República contempla el respeto a los derechos de comunicación. El artículo 16 prescribe que “toda las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social”.
La Carta Política, aprobada en 2008, señala que “se garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas, precautela que en su utilización prevalezca el interés colectivo”.
Pese a que el Código Penal ecuatoriano contempla la figura de desacato desde 1938, sin embargo, el Estado no ha utilizado esa figura. El Gobierno del presidente Rafael Correa incluyó en el proyecto de Código Penal, enviado a la Legislatura, la eliminación de este delito.
El proceso iniciado contra los directivos de diario El Universo, que ha tenido una gran exposición mediática, no está amparado bajo la figura de desacato sino de injuria calumniosa.
