El ministro de Justicia, José Serrano, entregó al Consejo de la Judicatura la documentación que probaría las posibles irregularidades de los jueces que permitieron la caducidad de la prisión preventiva de más de 3 700 personas.
Según la documentación recabada por el Ministerio de Justicia, la caducidad de la medida cautelar en su mayoría corresponde a Guayas con 358 casos y luego le sigue Pichincha con 158. Proporcionalmente, el 95 por ciento de las caducidades se dio en la provincia que afronta el mayor auge delincuencial, según la percepción ciudadana.
La información corresponde al período 2007-2010 y contiene las carpetas con las boletas de libertad firmadas por los jueces.
La información obtenida es el resultado del cruce de la información entre el Consejo de la Judicatura y de los centros de Rehabilitación Social.
“Aspiramos que por el bien del país, de la lucha contra la impunidad y la seguridad ciudadana, el Consejo de la Judicatura, dé una respuesta inmediata al país”, señaló el Secretario de Estado.
Serrano advirtió que en su momento también facilitará la documentación de ciertos jueces, fiscales y abogados que en las providencias señalan la caducidad de prisión preventiva por falta de convocatoria a la audiencia.
Además, pidió investigar a los magistrados que días antes de aplicar la caducidad de la prisión preventiva y para evadir su responsabilidad, emiten otras medidas sustitutivas
Por su parte Benjamín Cevallos, presidente del Consejo de la Judicatura, indicó que no le “temblará la mano para destituir a jueces de comprobar irregularidades en su gestión”.
El Ministerio de Justicia y derechos Humanos, en conjunto con el Consejo de la Judicatura conformarán una comisión para investigar los casos que han sido denunciados y presentados ante la opinión pública oportunamente por el Secretario de Estado.
