El ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, saludó la decisión de la Asociación Española de Banca (AEB) de poner fin a los desahucios en casos extremos.
La resolución del ente financiero se dio debido a la fuerte presión social y después de dos muertes que conmocionaron a la sociedad española.
A través de un comunicado en su página web anunció que acepta la propuesta del gobierno que preside el conservador Mariano Rajoy (Partido Popular, PP) de frenar los desahucios en casos extremos, para hacer frente a la creciente presión social y el rechazo a las prácticas de las entidades.
“Es un paso adelante el saber que la misma institucionalidad europea plantea que al desahuciar, botar a las personas de sus casas, está atentando contra los derechos humanos, el derecho a tener vivienda, a tener una familia en condiciones mínimas de dignidad”, dijo Patiño a la Agencia de Noticias Andes.
Recordó que meses atrás el propio presidente ecuatoriano, Rafael Correa, había condenado este tipo de prácticas.
En marzo, luego de una visita a la comunidad de migrantes ecuatorianos en Murcia y Madrid, Correa consideró como un verdadero atentado a los derechos humanos los desahucios y puso en marcha asesorías jurídicas gratuitas para sus compatriotas afectados (unos 8.000).
Posteriormente, por iniciativa del Gobierno, la Legislatura de Ecuador aprobó una ley que evita que en el país se produzcan casos como el de España.
La norma establece que extinga la deuda de quienes ya no puedan pagar sus deudas hipotecarias al ejecutarse la garantía, siempre que esta sea una primera vivienda familiar por un costo de hasta 500 salarios básicos.
“A buena hora que la institucionalidad europea está planteando eso, está reaccionando, y qué lástima que comience a reaccionar cuando la gente está empezando a suicidarse”, apostilló el canciller Patiño.
Hace unos días Amaia Egaña, una mujer de 53 años esposa de un ex concejal socialista de Barakaldo, una localidad del País Vasco (norte de España), se arrojó por la ventana de su casa, situada en un cuarto piso, segundos antes de que la policía y el juez de lanzamiento procedieran al desahucio de la vivienda, embargada porque Egaña no había podido pagar la hipoteca al banco.
Unos días antes José Miguel Domingo, soltero, de 54 años, y dueño de un quiosco de prensa, se había ahorcado en el patio de su vivienda en Granada también minutos antes de ser desahuciado.
Desde que comenzó la crisis en España en 2007, los desahucios se han convertido en algo cotidiano y son muchas las familias, más de 400 mil, según la Asociación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, las que han sido obligadas a abandonar sus casas por no poder pagar el crédito al banco.
Hace unos días dos entidades bancarias: Kutxabank y Caja Laboral anunciaron su decisión de suspender los procedimientos de ejecución hipotecaria.
También los jueces se convirtieron en aliados de los ciudadanos al defender el derecho al realojo y a una vivienda digna, y al preparar un informe en el que denuncian los abusos derivados de la Ley Hipotecaria que permite que una persona, además de perder su vivienda por no poder pagar la hipoteca, continúe con una deuda en ocasiones millonaria, ya que en España no basta con la dación en pago (la entrega de la vivienda) para cancelar la hipoteca, según información de diario El Mundo.
