La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) considera que por lo menos un cuatro por ciento del Producto Interno Bruto Nacional (PIB), esto es unos 3 mil millones de dólares, aproximadamente, estarían siendo alimentados por el lavado de activos en el Ecuador. Este porcentaje a pesar de que es muy significativo se cree que está entre los promedios bajos de América Latina, según Gustavo Iturralde, director Ejecutivo de la UIF.
El Funcionario agregó que, de este monto total, un 25 por ciento de dinero se lava en los casinos y salas de juego de azar por tener como moneda al dólar, lo cual convierte al país en un atractivo para quienes se dedican al lavado de activos.
Las investigaciones que realiza la UIF son enviadas a la Fiscalía General del Estado para que esta Entidad proceda a la judicialización de los casos detectados. El gran problema que existe es que hay muchas salas de juego de apuestas y casinos que trabajan en la ilegalidad y la clandestinidad.
El problema que tienen la UIF y la Fiscalía es comprobar el origen ilícito de los fondos que se han lavado, razón por lo cual es necesario dictar una ley de extinción de dominio de los bienes, ya que en caso contrario el Estado se transforma en un simple custodio de los bienes de los acusados. “Esto se agrava por la evidente descomposición de la función judicial que libera de toda culpa a los acusados y el Estado tiene que devolver los bienes, inclusive como establece la ley con intereses y con la preocupación de mantenerlos en buen estado”, sostiene el Secretario Ejecutivo de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Iturralde criticó la actuación de ciertos jueces de los cantones más alejados de la patria que se prestan para emitir amparos constitucionales a favor de los dueños de casinos y salas de juego clausurados por Intendentes de Policía y, citó como ejemplo la cadena de casinos INVERMUN, empresa a la cual el Servicio de Rentas Internas, SRI, luego de una auditoría, le estableció una glosa de 40 millones de dólares.
Es necesario recordar que el 5 de noviembre de 2010, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Prevención, Detección y Erradicación del Delito de Lavado de Activos. En este contexto todos los negocios relacionados con los juegos de azar deben informar de sus actividades a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
