Más de un centenar de países participan esta semana en Ginebra en la duodécima reunión de los Estados Parte de la Convención de Ottawa, el tratado internacional que regula el empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonales y sobre su destrucción.
Hoy se cumplen exactamente 15 años de la Convención, que inicialmente fue firmada por 122 estados.
Pasados tres lustros, el tratado ha sido ratificado por 160 países, y uno de los objetivos de la reunión de esta semana es buscar fórmulas para impulsar que el resto de países que aún no son signatarios lo sean.
El ejemplo lo dará Polonia, que en el marco de la reunión anunciará que ha ratificado el convenio, con lo que finalmente, todos los países de la Unión Europea, y todos los miembros de la OTAN, a excepción de Estados Unidos, son miembros plenos de la Convención.
«Precisamente, como estadounidense, y tras la victoria a la reelección de Barack Obama, espero que el gobierno estadounidense se decida finalmente a poner por escrito algo que de hecho cumple en la práctica, y que se adhiera a la Convención», afirmó hoy en rueda de prensa Jodi Williams, premio Nobel de la Paz 1997, por haber creado la Campaña Internacional para Prohibir las Minas Antipersonales (ICBL).
«Si Estados Unidos no ha usado minas desde 1991, no ha exportado desde 1992, no ha producido desde mediados de los noventa, y ha destruido millones de minas de sus arsenales, ¿por qué no firmar un tratado que exige exactamente eso?», se preguntó Williams.
Estados Unidos no es el único país que no ha firmado la Convención, le acompañan otros «pesos pesados» como China, Cuba, India, Israel, Marruecos y Rusia; y otros que la han firmado pero que no cumplen con lo acordado, como Bielorrusia, Grecia y Ucrania.
Otro de los objetivos de la reunión de esta semana será evaluar los esfuerzos realizados por los Estados Partes respecto al desminado, a la destrucción de arsenales y a la ayuda a las víctimas.
Se espera que durante la conferencia, cuatro estados anuncien que han concluido sus labores de desminado: Congo, Dinamarca, Jordania, y Uganda.
Otros 36 países deberán informar sobre sus trabajos. Entre ellos seis de Latinoamérica: Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, y Venezuela.
Asimismo, cuatro estados pedirán una extensión de su plazo para cumplir con sus labores: Afganistán, Angola, Chipre y Zimbabue.
Estas evaluaciones servirán para aconsejar, ayudar y reprender a los países que no hayan cumplido con sus obligaciones, y para urgir a que hagan renovados esfuerzos en los próximos dos años para poder presentarse con mejores credenciales en la Tercera Conferencia de Examen de la Convención en 2014.
Más de 30 países tienen poblaciones de víctimas a las que hay que atender, un problema que, aunque persiste, recibió en 2011 un 30 por ciento menos de fondos que el año anterior.
Durante 2012, el Gobierno sirio fue el único del mundo que usó minas antipersonales en 2012, según el último informe de la ICBL, que constató que sólo el Gobierno de Bachar al Asad usó en su lucha contra la oposición insurrecta minas antipersonales, cuando en 2011 también utilizaron este tipo de explosivos Israel, Libia y Birmania.
Pese a que el informe solo atribuye al Gobierno de Siria el uso de minas, en septiembre de 2012 se recogieron alegaciones no confirmadas de que también los gobiernos de Sudán y Yemen estarían empleándolas.
Asimismo, se constató la utilización de minas antipersonales en 2012 por grupos armados no estatales en seis países: Afganistán, Colombia, Birmania, Pakistán, Tailandia y Yemen.
Este uso provocó que sólo el año pasado se contabilizaran 4.246 nuevas víctimas por explosión de minas, una media de 12 víctimas diarias.
