El caricaturista Xavier Bonilla 'Bonil' y El Universo cumplieron la sanción impuesta por la Superintendencia de la Información. El dibujante rectificó la viñeta y el medio pagó cerca de USD 90 000 como multa. El dinero fue depositado en la cuenta en el Banco Central y pasó a formar parte del presupuesto de la Superintendencia, aunque no informó en qué se usará ese dinero.
La Ley de Comunicación no establece cómo se gestionarán los fondos que se recauden por las multas impuestas a los medios. Pero el Código de Planificación y Finanzas señala que todos los recursos públicos se administran en el Sistema Único del Tesoro.
En su artículo 161, se señala que el sistema maneja el presupuesto general del Estado, las cuentas de los Gobiernos Autónomos, las de la Seguridad Social, de las empresas y la banca públicas. La Supercom es una entidad nueva, por lo que la multa a El Universo es la primera que se recauda. Sin embargo, las otras superintendencias (Bancos, Compañías, Control del Poder del Mercado Telecomunicaciones) ya han operado en este sistema.
El exsuperintendente de Bancos, Alfredo Vergara, explicó que con la Constitución actual se revocó la independencia presupuestaria que tenía el organismo rector del Sistema Financiero. «Antes la Superintendencia no usaba nada de dinero del Estado, era autónoma y vivía de las contribuciones que daban las propias instituciones que eran reguladas por ella. Lo que se recibía, financiaba a la entidad y lo que sobraba entraba al presupuesto del Estado». Ahora -explica- el dinero que se recibe se deposita en las cuentas del Tesoro Nacional, para financiar el presupuesto de cada entidad y si sobra pasa a los fondos generales. Antes de la Constitución del 2008, el extinto Tribunal Supremo Electoral (TSE), por ejemplo, entregaba por igual los cobros por multas al exceso del gasto electoral a Solca y a la Junta de Beneficencia de Guayaquil.
Ahora, este dinero pasa al Estado, según lo que establece el artículo 299 del Código de la Democracia. El destino de las multas a los medios, según la Ley de Comunicación, motivó, en noviembre, la solicitud del superintendente de la Información, Carlos Ochoa, a la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira. El funcionario pidió tener capacidad coactiva para poder cobrar las multas establecidas, cuando los medios de comunicación se rehúsen a pagar. «El juicio ordinario para la gestión de cobro es un juicio de dos instancias y un recurso de casación, más acciones constitucionales. De darse esto, en el caso de que algún medio no quiera cancelar la sanción pecuniaria, esto retardaría demasiado el cobro, además de los incidentes y recursos que pueden interponerse y retardar más aún los procesos», explicó Ochoa aquella vez.
Este tema todavía está en análisis en la Asamblea. La facultad que pide Ochoa, es la misma que tienen otras dependencias como el Servicio de Rentas Internas (SRI), el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) Además del resto de superintendencias, con excepción de la de Control del Mercado. Esta potestad les permite obviar procesos judiciales, que pueden tomar algún tiempo, y ejecutar los cobros sin ninguna interferencia. «Creemos que esta jurisdicción coactiva nos va a permitir efectuar un mejor trabajo para la ciudadanía (…), las resoluciones que imponen multas implica la obligación de integrar los valores a las cuentas públicas», dijo Ochoa en noviembre pasado.
