La Corte Internacional de Justicia (CIJ) extendió ayer la soberanía marítima de Nicaragua en el Caribe, pero mantuvo parte del límite al oeste de la isla San Andrés como quería Colombia, al que atribuyó todos los cayos en disputa de esa región rica en petróleo y otros recursos.
La Haya confirmó la soberanía colombiana de siete cayos cercanos a las islas San Andrés, Providencia y Santa Catalina que son: Roncador, Quitasueño, Serrana, Serranilla, Bajo Nuevo, Albuquerque y cayos Este y Sudeste. Pero le dio a Nicaragua una porción de mar al este del meridiano 82, ubicado a 66,1 millas náuticas de la costa nicaragüense, con lo cual el país centroamericano recuperó al menos 200 millas náuticas.
Las primeras reacciones en Colombia fueron del embajador Julio Londoño Paredes, que encabezaba la delegación colombiana, fue algo más circunspecto al declarar a la prensa que “tenemos que estudiar cuidadosamente el fallo y luego tomar decisiones”.
Paredes enfatizó que “la corte ha rechazado la posición de Nicaragua de enclavar el archipiélago de San Andrés y trazar una línea de delimitación marítima entre el archipiélago y Cartagena, como era su pretensión”.
Sin embargo, el vocero no hizo ningún pronunciamiento sobre la nueva delimitación marítima entre los dos países, definida por la Corte, y que le quita a Colombia la propiedad de una vasta franja de mar en el Caribe. Hasta el cierre de esta edición se esperaba el pronunciamiento oficial del presidente Juan Manuel Santos sobre este aspecto.
Desde La Haya el embajador nicaragüense en Holanda, Carlos José Argüello, declaró a medios de su país que es un “gran triunfo” y una “victoria” para Nicaragua, que ha conseguido “espacios marítimos importantes”. Antonio Remiro, abogado de la delegación del país centroamericano, señaló que para Nicaragua el fallo significa que “ha salido de la jaula del meridiano 82”.
La decisión de los 15 jueces de la corte mundial, principal órgano judicial de la ONU con jurisdicción universal, fue presentada en La Haya en una exposición de unas dos horas por el presidente del tribunal, Peter Tomka. El fallo de la corte es inapelable y de obligatorio cumplimiento para los dos países.
