El Presidente de la República, Rafael Correa, negó que detrás del proceso de depuración de las frecuencias de radios y canales de televisión exista persecución política a los opositores del Gobierno.
En una entrevista concedida a RTS, el Primer Mandatario aclaró que este proceso no está a cargo del Ejecutivo sino de la Superintendencia de Telecomunicaciones, cuyo titular incluso fue llamado a comparecencia en la Asamblea Nacional para que explique por qué no se depuraban las frecuencias.
El Jefe de Estado señaló que resulta contradictorio que ahora que se está ejecutando esa depuración, haya sectores que se opongan y argumenten que esto solo se debe a los supuestos intereses políticos del Gobierno. Para el Jefe de Estado, quienes cuestionan el cierre de ciertos medios (en su mayoría radios que no cumplieron con parámetros técnicos o administrativos fijados en la ley), dicen verdades a medias pues solo hablan de las cerca de 90 frecuencias canceladas, pero omiten informar que 200 frecuencias sí han sido renovadas en todo el país.
En ese contexto explicó que si los propietarios o administradores de medios como Radio Morena, consideran que han sido perjudicados, pueden presentar las respectivas demandas ante la ley para que se revise sus casos, aunque insistió en que todo el proceso no depende del Ejecutivo.
El Presidente recordó que nadie está por encima de la ley y que durante muchos años el manejo y adjudicación de las frecuencias del espectro radioeléctrico prácticamente “fue una feria de la alegría” en la que los responsables “estaban acostumbrados a hacer lo que les daba la gana porque se creían intocables”.
Recordó que por ejemplo la ley de radiodifusión establece que si un determinado medio no paga las cuotas correspondientes al uso de la frecuencia asignada por más de seis meses, la licencia de uso respectiva debe ser retirada. Este es precisamente el caso de muchas de las radioemisoras que en las últimas semanas fueron cerradas.
“Hay queridos amigos personales que me han llamado a pedir ayuda y yo les he dicho que no puedo hacer nada”, señaló.
El gobernante recordó también que en el proyecto de Ley de Comunicación que reposa en la Asamblea desde hace más de dos años, está contemplado un proceso de democratización para la entrega y uso de frecuencias a comunidades, universidades y gobiernos locales.
No obstante, explicó que esto no significa que tan pronto como sea aprobada le ley se reviertan las frecuencias que actualmente están en manos de los grandes grupos mediáticos mercantilistas.
Indicó que se deberá esperar a que los plazos de concesión de cada frecuencia concluyan para redistribuirlas paulatinamente.