La cifra sobre el número de procesos de indagación por protestas en contra de ciertos dirigentes indígenas acentúa el debate. El fiscal Galo Chiriboga señaló que son 33 procesos en 11 provincias del país y no 200 casos los que se siguen, pero José Acacho, vicepresidente de la Conaie, se ratifica que son 194 los juicios y que la cifra salió de su última convención.
Sin embargo, el dirigente no toma en cuenta que no es lo mismo la indagación al planteamiento del juicio, pues en el proceso de indagación previa, el Fiscal investiga para determinar la existencia del delito y los responsables, mientras que en el juicio, que es ya el proceso en sí, se sustancia el caso ante el juez de Garantías Penales.
Chiriboga informó que se creará un equipo especial que analizará los procesos y que los resolverá en los próximos cuatro meses. Entonces, allí “se revisarán las causas anotadas y se determinará si son desestimadas definitiva o temporalmente, caso contrario se dará inicio a la instrucción fiscal”, sostuvo.
Según la Fiscalía, en Zamora Chinchipe, Loja, Esmeraldas, Morona Santiago, Manabí, Pichincha, Guayas, Azuay, El Oro, Bolívar e Imbabura se depurarán las indagaciones por los delitos de terrorismo, sabotaje, obstrucción de vías y en contra del medio ambiente.
El presidente Rafael Correa comparte el criterio, pues sostuvo que de los cuatro procesos judiciales, solo dos están en juicio, mientras que en la causa iniciada en contra de tres dirigentes -entre ellos Marco Guatemal por violar el derecho al libre tránsito al cerrar las vías durante una protesta contra la Ley de Agua en Imbabura- el Estado perdió el juicio.
Con respecto al proceso en contra de José Acacho, vicepresidente de la Conaie, por el fallecimiento del profesor shuar Bosco Wisuma, en Macas, continúa. “¿Qué creen que un asesinato es protesta social?, ¿acaso en un Estado derecho un asesinato debe dejarse de investigar y judicializar?”, cuestionó el gobernante.
El 30 de septiembre de 2009 en Morona Santiago, Wisuma murió tras ser impactado por un perdigón en la frente, que luego de peritajes internacionales se determinó que la munición no provino de ningún arma de la Policía Nacional.
Estos criterios se contradicen con el Informe elaborado por la Defensoría del Pueblo, a finales de 2011, acerca de la criminalización de la protesta. Esto porque, según el Estado, de los 63 casos presentados, los actores del sector privado (empresas mineras y petroleras) son los que más han impulsado judicializaciones contra ciudadanos durante el período 2007-2010.
Y es precisamente este sector el que más ha entablado procesos jurídicos relacionados con la minería y con las tierras comunales, derechos colectivos y espacios públicos (ver infografía).
Mientras que la Función Judicial, a través de la Fiscalía, es el componente público (Estatal) que más procesos judiciales ha impulsado y los casos están relacionados con el agua y el petróleo. A su vez, el Régimen Autónomo Descentralizado, por medio del entonces alcalde de Chillanes, Rolando Colina, integrante del Movimiento Municipalista, fue quien dentro del sector público impulsó más procesos judiciales por conflictos de agua; y Petroecuador y Petroproducción por petróleo.
El Presidente precisó que de los 42 juicios a dirigentes con base a protestas solo el 90%, es decir 38 casos, es investigado.
Por ello, el gobernante sostuvo que ciertos sectores buscan que se detengan las investigaciones, “¿si nada tienen que temer por qué quieren que paren las investigaciones?”, dijo. Y recordó que ciertos asambleístas también iniciaron procesos en su contra por supuesto genocidio, “entonces que también se detengan esas investigaciones, porque yo soy un perseguido”.
Además, agregó que de los 38 casos solo cuatro fueron judicializados, de los cuales dos fueron seguidos por instituciones privadas (empresas mineras y petroleras).
Correa manifestó que solo dos casos de los que fueron presentados y calificados como “criminalización de la protesta social” por ciertos sectores de la oposición, con apoyo de los medios de comunicación, fueron encaminados por la Función Ejecutiva.
El Mandatario señaló que acontecimientos como los del 22 de marzo en las inmediaciones de la Asamblea Nacional, en donde personas “encapuchadas” agredieron (golpearon y maltrataron) a cinco policías no son persecución a los dirigentes, sino “criminales protestando” y que a ellos se les debe “aplicar la ley”.
