La secretaria Nacional de Gestión de Riesgos, María del Pilar Cornejo, anunció ayer que no existe en el marco actual del país una figura de “reembolsos” de gastos que permita devolver los montos utilizados por los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) de Guayas, Manabí, El Oro, Los Ríos y Loja antes de que estas jurisdicciones fueran declaradas en estado de excepción.
“No existen reembolsos según el marco legal vigente”, dijo la funcionaria ante los constantes comentarios vertidos por autoridades seccionales, quienes indicaron que han invertido parte de su presupuesto general en obras de emergencia y que eso los llevará a realizar reajustes en sus programas de obras.
El propio prefecto del Guayas, Jimmy Jairala, sostuvo que antes de que la provincia fuera declarada en emergencia invirtió una cifra que supera el millón de dólares y que espera conversar con los funcionarios de la SNGR para analizar la posibilidad de que le reembolsen esos montos.
El líder del Gobierno Provincial aseguró también que si ese presupuesto no es recuperado tendrá problemas para cumplir con las obras previstas para el verano.
Sobre este último punto, Cornejo adelantó que la SNGR ya está trabajando en nuevos planes de financiamiento a través del Banco del Estado (BEDE) -que pueden ser 50/50 o hasta de 70/30- para asistir en obras de mitigación.
La titular de la SNGR reflexionó sobre el rol que determinados gobiernos locales debieron tener en obras de prevención durante el verano anterior y lo que va del invierno.
“Desde diciembre de 2009 hemos venido financiando en un 100%, 80% y 50% las obras de prevención. Ahora lo que la ciudadanía debería exigir es que en vez de que las autoridades locales arreglen parques y luminarias en lugares que no son necesarios a realizar obras de prevención de riesgos”, recalcó Cornejo al finalizar una reunión en la sede de la SNGR, en Guayaquil, en donde se citaron los ministerios del área productiva para analizar las medidas a implementarse con el fin de reactivar los sectores afectados por el invierno.
Normas del estado de excepción
La funcionaria además indicó que no se emitirá una normativa sobre cómo deberán utilizarse los fondos que reciban los gobernantes de las provincias declaradas en estado de excepción por 60 días. “Para eso está la Contraloría del Estado, para regular el uso de fondos públicos (…) Ellos (los GAD) deben manejarse de acuerdo al marco legal. Lo que les permite el estado de excepción es contratar directamente, sin consultar a la SNGR”, explicó.
En un recorrido realizado por zonas afectadas, Jairala dijo que está a la espera de una normativa para saber cómo manejarse durante los próximos 60 días. “Queremos saber sobre qué terreno estamos pisando (…) Hay un fondo asignado, pero tampoco es que va a ser distribuido con alegría y como nos dé la gana”, señaló el gobernante seccional.
Cornejo informó que de los 40,2 millones de dólares extrapresupuestarios que liberó el Ministerio de Finanzas para los GAD por el invierno, un total de 15,2 millones de dólares fueron depositados en las cuentas comunes de los gobiernos locales que fueron declarados en estado de excepción y que estos niveles de gobierno serán los responsables de usarlos según las necesidades de su población.
Sin embargo, los GAD que no se encuentren amparados en el estado de excepción deberán proceder según la normativa vigente que ordena licitaciones para la contratación de obras públicas.
Censo y flexibilización de créditos para sector agrícola
Durante la cita realizada ayer en la ciudad de Guayaquil, el ministro (e) de Agricultura, Ganadería y Pesca (Magap), Santiago León, informó que en las próximas horas equipos de esta cartera de Estado, de la SNGR y 500 elementos de las Fuerzas Armadas realizarán un recorrido por todas las provincias perjudicadas por el temporal para realizar un censo que permita conocer la cifra exacta de damnificados, viviendas afectadas y cultivos perdidos por las inundaciones.
En esa misma reunión, Alexandra Granda, presidenta del directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), avisó que la entidad tiene desde julio de 2011 un instructivo que permite la novación de los créditos vencidos en las zonas más afectadas por las inundaciones. Ese estatuto establece que los campesinos perjudicados, en esos casos excepcionales, pueden renovar el crédito realizado al BNF sin tener que dar el 10% de aporte que normalmente se obliga a entregar para este trámite.
De la misma manera, la funcionaria indicó que se podrán renovar los préstamos a cinco años plazo con la misma tasa de interés del crédito inicial. También se podrán refinanciar los intereses sin ningún tipo de recarga a los usuarios.
Mientras que la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), María de los ángeles Duarte, manifestó que tras el decreto de estado de excepción dispuso la movilización de maquinaria para atender afectaciones que, inclusive, no son de competencia directa de la cartera de Estado; así como la contratación de obras emergentes para reforzar puentes y pilotes de estructuras viales.