El Ministerio de Justicia destinará alrededor de 40 funcionarios, entre administrativos y guías penitenciarios, para la atención al público en la Unidad de Aseguramiento Transitorio que funcionará en la Nueva Unidad de Flagrancia, que próximamente se abrirá en la ciudad de Quito.
En la Unidad de Aseguramiento Transitorio trabajarán 26 guías penitenciarios, 4 miembros del Grupo Especial Alpha, 4 médicos generales, 6 funcionarios administrativos y una Coordinadora General de la unidad ministerial. Estos, junto a otros funcionarios del Ministerio de Interior, Consejo de la Judicatura, Defensoría Pública y Fiscalía General del Estado, prestarán servició en la nueva dependencia destinada para administrar justicia a los ciudadanos quiteños y ecuatorianos.
Estefanía Viscarra, coordinadora de la Unidad Aseguramiento Transitorio, informó que el personal ministerial trabajará las 24 horas del día, por turnos a fin de que el servicio que presta la dependencia ministerial no se interrumpa y se pueda dar una buena atención al público que lo solicite.
Según Viscarra, el trabajo de la Unidad será el de recibir, de parte de la Policía Nacional, a las personas acusadas de haber cometido un delito flagrante y/o alguna contravención. Antes de la entrega, los médicos ministeriales realizarán una valoración médica para que se determine el estado de salud en el que ingresa el detenido.
Una vez, que se haya hecho la valoración médica, la Unidad legaliza el ingreso y el detenido queda en custodia del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria y el Grupo Especial Alpha que lo movilizará, durante el proceso judicial que afronte el acusado.
En el caso de que el aprendido sea declarado culpable, sea llamado a juicio o si el juez correspondiente dicta presión preventiva, la Unidad de Vigilancia será la encargada de disponer y trasladar el detenido al cualquier centro de privación de libertad.
La Unidad de Flagrancia será la encargada de articular las instituciones del sistema de justicia penal en un modelo de gestión eficiente que se ocupe de manera intensiva de los delitos flagrantes con el objetivo de aumentar el número de sentencias condenatorias y reducir los plazos de tramitación de las causas.
