Newtown.-
La pequeña localidad de Newtown (Connecticut, noreste de Estados Unidos) inhumó ayer a las primeras víctimas de la masacre en la escuela primaria de Sandy Hook, mientras el país se haya inmerso nuevamente en un debate sobre el control de armas de fuego.
Alcaldes y legisladores demócratas han levantado la voz a favor de un nuevo esfuerzo para aplicar restricciones a las armas, incluyendo una prohibición a los rifles de asalto tipo militar, luego de la masacre ocurrida el pasado viernes en la escuela primaria Sandy Hook de Connecticut, en la que murieron 20 niños y siete adultos, incluido el atacante.
Cada tragedia desde Columbine en 1999 -un total de 28– ha suscitado durante años, iguales reacciones de dolor e introspección y de análisis de la llamada Segunda Enmienda que permite la posesión legal de armas en Estados Unidos.
La Segunda Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, promulgada el 15 de diciembre de 1791, recogió el derecho a poseer armas. Literalmente dice: “Siendo una milicia bien preparada necesaria para la seguridad de un estado libre, el derecho del pueblo a tener y portar armas no será vulnerado”.
Pero esta enmienda tiene sus raíces en la ocupación por parte de los imperios británico y español. La posesión de un arma por parte de las milicias ciudadanas, durante los años de las grandes colonizaciones europeas, era el único instrumento que los estadounidenses tenían para defender sus tierras, casas y familias.
Sin embargo, ya han pasado más de doscientos años de aquella época y muchos se preguntan si Estados Unidos, que tiene una de las Fuerzas Armadas más grandes del mundo, necesita hoy una milicia o que su población esté armada. Una ley, firmada por el ex presidente Bill Clinton en 1994, prohibió el uso de fusiles, pero la disposición expiró en 2004, y jamás fue renovada.
Actualmente, en gran parte de EE. UU., la población que tiene más de 21 años puede comprar una pistola. Está prohibida la compra de armas por parte de menores, pero no siempre su uso. Por ejemplo, en cacerías al menor se le permite usarlas si va acompañado por sus padres.
Ello contribuye a que Estados Unidos sea el país del mundo con más civiles en posesión de armas, con entre 270 y 300 millones en manos privadas, según las Naciones Unidas, una cifra que la Asociación Nacional del Rifle eleva a más de 300 millones.
Este nuevo tiroteo, uno de los más letales de los últimos años y uno de los más graves en un establecimiento escolar, volvió a instalar el debate acerca de las leyes que reglamentan el derecho a poseer armas.
La senadora demócrata, Dianne Feinstein, anunció que a principios de enero presentará en el Congreso un proyecto de ley para prohibir la compra de fusiles de asalto.
Por su parte, el senador demócrata de Virginia Occidental, Joe Manchin, ferviente defensor de la segunda enmienda, llamó a realizar un debate “sensato y razonable” sobre el control de las armas.
Por otro lado, más 140.000 personas firmaron ayer la petición en la página web de la Casa Blanca para reclamar una ley sobre el control de las armas. No obstante, la Casa Blanca informó ayer que aún no tiene “una agenda concreta” sobre la tenencia privada de armas.
El portavoz de la presidencia, Jay Carney, dijo que “en las próximas semanas” el presidente Barack Obama transmitirá posibles enfoques después de que dijera el domingo tras la matanza en la escuela primaria de Connecticut que recurriría a todos los instrumentos que tiene a su disposición para evitar nuevas tragedias como la reciente. “No tengo propuestas para presentarles. El presidente habló ayer de avanzar en las próximas semanas”, dijo Carney.
En tanto, ayer se iniciaron los funerales de las víctimas de la masacre de Connecticut. Los restos mortales de Noah Pozner y Jack Pinto, ambos de 6 años, fueron sepultados en Newtown y Fairfield, un pueblo vecino, mientras que los restos de los 20 niños y seis adultos asesinados serán inhumados en el transcurso de la semana.
El lunes las escuelas de la localidad, de 27.000 habitantes, estuvieron cerradas. Por la presencia de una persona sospechosa se determinó ayer cerrar una escuela de Ridgefield, también en el estado de Connecticut, y el despliegue de fuerzas policiales alrededor de los establecimientos educativos del sector, cerca a Newtown.
