La bancada legislativa del movimiento oficialista del Ecuador, Alianza País (AP), en compañía de grupos aliados denunció la noche de este martes que los bloques de oposición al gobierno pretenden desestabilizar a la Legislatura y a la democracia, a través del proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
La asambleísta Zobeida Gudiño, coordinadora de PAIS, subrayó que una propuesta planteada por el legislador Vicente Taiano (PRIAN, extrema derecha) difiere totalmente del documento aprobado hasta las primeras de la mañana de este martes (01:00).
Argumentó que la bancada oficialista no bajó al plenario el documento promovido por Taiano, pues no cumplía con el plazo de 48 horas para su presentación y votación, conforme lo establece la propia Ley de la Función Legislativa. Por tanto, no había el tiempo suficiente para realizar una revisión profunda.
“Dicho proyecto tiene como finalidad el asalto de la primera función del Estado, en este caso la Asamblea Nacional, para, desde la Legislatura, dirigir la desestabilización del régimen democrático que vive el país”, enfatizó.
“Queremos denunciar al pueblo ecuatoriano el intento de golpe de Estado que se pretende dar desde la oposición al Legislativo”, puntualizó.
Expresó que el proyecto de la oposición, “de manera perversa”, propone la destitución del presidente de la Asamblea y de todas las autoridades legislativas. También la autoconvocatoria de la Asamblea con 63 votos, la apelación a la Presidencia de la Asamblea con mayoría simple. Ello -dijo- busca cambiar la dirección de la entidad, lo que generaría caos y desestabilización en cada sesión.
Además incluye a los alcaldes, concejales, juntas parroquiales y a todos los servidores públicos como sujetos de fiscalización, en clara contradicción con la norma constitucional, agregó.
La asambleísta Zobeida Gudiño aseguró que también se busca alterar la disposición constitucional sobre el trámite de las leyes urgentes en materia económica, tratando de bloquear su tratamiento.
Subrayó que se intenta crear una veeduría en el Consejo Nacional Electoral, que sería una flagrante intromisión en otra función del Estado; y también crear comisiones viajeras.
Finalmente, aseveró que se plantea el enjuiciamiento de jueces y funcionarios judiciales, con clara intención de interferir en la Función Judicial.
