Los titulares de los ministerios del Ambiente (MAE) y de Finanzas, Marcela Aguiñaga y Patricio Rivera, respectivamente, explicaron en una rueda de prensa los detalles de la investigación que permitió detectar un desvío millonario de fondos públicos a cuentas privadas.
Aguiñaga explicó que gracias al sistema de control interno, la semana anterior se detectaron «alertas sobre el manejo de transacciones que se determinaron irregulares» en la institución de la que es titular.
Dijo que hay 11 personas implicadas en el ilícito que fueron detenidas, cinco de ellos funcionarios de esa cartera de Estado que fueron procesados el viernes pasado, mientras que los otros seis detenidos la madrugada del sábado, son externos a la entidad.
Indicó que las transacciones ilícitas detectadas consisten en depósitos de hasta aproximadamente cinco millones de dólares que fueron depositados o desviados a cuentas privadas en instituciones financieras del país.
La funcionaria señaló que las operaciones con las cuales hubo apropiación de fondos públicos fueron de forma sucesiva.
«Inmediatamente se procedió a informar a las autoridades correspondientes para las investigaciones que permitan determinar los autores, cómplices y encubridores del ilícito», apuntó.
Señaló que hasta el momento, las indagaciones han determinado que las operaciones se realizaron a través de un «manejo doloso de claves que estaban a cargo de funcionarios del departamento financiero de la institución».
«El grueso de las operaciones se concentró en los cinco días hábiles pasados, es decir, de la semana anterior», lo que activó los sistema de control interno aplicados por el MAE, añadió.
Aguiñaga lamentó lo ocurrido e indicó que el ministerio iniciará auditorías internas, informáticas y de gestión a todo el personal de la Dirección Financiera y Tecnología para fortalecer su trabajo y evitar la repetición de estos hechos.
También se ha solicitado un examen especial a la Contraloría General sobre las cuentas del MAE.
De su lado, el fiscal distrital de Pichincha, Miguel Jurado, informó que hoy se sorteará a un juez penal que llevará el caso y de igual manera un fiscal que se encargará de toda la etapa de instrucción fiscal, que se cumplirá en un plazo de 30 días.
Añadió que hay «la posibilidad cierta y jurídica de que se sigan vinculando a todas aquellas personas que presuntamente tendrían participación en el ilícito».
