El 70 por ciento de los refugiados colombianos se encuentra en Ecuador y la mitad de ellos es mujer, informó hoy la representante en Ecuador del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Déborah Elizondo.
Elizondo dio a conocer esta cifra durante la presentación del informe de la ONU «Estado de Población Mundial 2010», que se realizó simultáneamente en varias capitales del mundo, cuyo eje fueron las mujeres y su situación de vulnerabilidad en situaciones de crisis.
Según Acnur, 52.000 ciudadanos colombianos han obtenido el estatuto de refugiados en territorio ecuatoriano hasta junio de este año y, de ese número, el 50 por ciento es mujer.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) mostró su preocupación por la situación de las mujeres en la frontera norte de Ecuador pues, según los análisis, sus derechos humanos son violentados permanentemente.
Un estudio realizado entre 709 mujeres colombianas que viven en esa zona de conflicto reflejó que el 94,5 por ciento de ellas sufre violencia de género.
Algunas de las colombianas que escapan de su país por la violencia acaban ejerciendo la prostitución en Ecuador. «Muchas de ellas vienen solas, luego de que su esposo ha sido asesinado por la guerrilla o secuestrado, y en esas condiciones se ven obligadas a prostituirse», comentó
Elizondo.
El 45% de prostitutas colombianas declaró que no ejercían esa actividad en su país de origen y el 12% de ellas se inició en ese oficio antes de los 18 años.
Rosa López, la presidenta del Foro de Mujeres de Sucumbíos, provincia amazónica fronteriza con Colombia, explicó que la situación de desplazamiento influye en otras esferas y afecta tanto a la población ecuatoriana como a la colombiana.
La saturación de servicios, la militarización de la zona, las condiciones irregulares de trabajo, entre otros, son los efectos que López enumera, además de la violencia de género que, según datos del Foro, afecta a siete de cada 10 mujeres que viven en la zona, sean colombianas o no.
Actualmente, las Naciones Unidas, los colectivos sociales y las autoridades estatales trabajan en una agenda política que sirva para restituir los derechos de las mujeres refugiadas, además de incluir capacitaciones en temas de salud, sexualidad y prevención.
