Asambleístas de oposición formalizaron su pedido para que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) envíe al país a su Alta Comisionada en asuntos judiciales, para que investigue los hechos del pasado 30 de septiembre.
«El informe, venga de quien venga, y si es de los organismos internacionales (…). El presidente de la República (Rafael Correa) tiene que aprender a respetar», sostuvo Lourdes Tibán, legisladora por Pachakutik.
Según Tibán, el pedido es una respuesta a lo que considera una injerencia política y citó los casos del presidente de la FEUE, Marcelo Rivera, quien fue sentenciado a tres años de prisión, y la detención de su hermano, Marco Tibán.
«El Régimen se ha embriagado del poder y tiene que pasar el chuchaqui y decir estoy equivocado», acotó la legisladora.
Ayer, el Jefe de Estado se mostró dispuesto a una investigación internacional. «Vamos a la Corte Penal Internacional de Roma para que nuevamente queden en ridículo. Vamos a Naciones Unidas», dijo.
Correa explicó que los investigadores podrán verificar que estos grupos acuden a las instituciones del Estado solo cuando les conviene, caso contrario «corren como vasallos a instancias internacionales, más que nada para hacer ruido y descalificar las acciones de la Fiscalía, Contraloría y jueces».
Por otro lado, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) planteó un intento de juicio político en contra del ministro de Defensa, Javier Ponce, a quien acusan de no haber informado trimestralmente a la Asamblea sobre sus labores, según lo que establece en la nueva Ley de Seguridad Pública.
«No cumplió con la Ley, no cumplió con su función y eso es motivo de enjuiciamiento político», señaló el asambleísta del PSP, Fausto Cobo.
