Representantes del Consejo de la Judicatura (CJ), Ministerio de Justicia, Fiscalía, jueces, Superintendencia de Economía Solidaria y otros organismos vinculados al tema de finanzas populares, se reunieron ayer, en Guayaquil, para analizar las «estrategias de combate a la usura».
La cita, que se transmitió simultáneamente para las provincias de Azuay, Imbabura, Loja, Manabí, Pichincha y Tungurahua, tuvo como eje central coordinar acciones y unificar criterios, tanto en lo económico (préstamos, usura) como en lo legal para combatir este delito.
El titular del CJ, Gustavo Jalkh, afirmó que la usura mueve cerca de 1.000 millones de dólares al año y que ante la dimensión de esta problemática se ha hecho una convocatoria para frenarla.
Al respecto, el ministro del Interior, José Serrano, aseguró que ese delito, a nivel procesal, solo se resolvía en el ámbito civil, «porque se hablaba de deudas, mas no de usura, pero esto se ha convertido ya no en un delito aislado, sino que está vinculado al sicariato, el asesinato, el lavado de dinero».
De su parte, Paúl Ponce, fiscal del Guayas, explicó que la Fiscalía analiza el marco jurídico que rige para el efecto y que el Art. 853 en adelante del Código Penal «apenas ha sufrido cambios y no ha evolucionado con el delito», por lo que se plantearán reformas urgentes, además de capacitar a los operadores de justicia para tratar este tipo de casos
