Los gobiernos latinoamericanos afirmaron ayer que mañana apostarán en la Organización de Estados Americanos (OEA) al fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH).
Los cancilleres se reunirán mañana para decidir cómo reformar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Un proyecto de resolución sobre el que no se logró consenso el martes pasado en una reunión del Consejo Permanente de la OEA, formado por los embajadores ante el organismo, será elevado, sin embargo, a los cancilleres.
El presidente del Consejo, el nicaragüense Denis Moncada, decidió «elevar» el proyecto a la Asamblea para que sean los cancilleres quienes decidan la resolución, pese a la insistencia de países como Estados Unidos, Canadá, Brasil o Perú en dejar listo un proyecto claro.
La propuesta debatida, que difundió la agencia Efe, se elaboró en un grupo de trabajo presidido por el representante mexicano, Joel Hernández, con apoyo del jefe de gabinete de la OEA, Hugo de Zela.
El documento «toma nota» de la propuesta elaborada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para su propia reforma, y plantea la aspiración de lograr que todos los Estados ratifiquen la Convención Americana de Derechos Humanos, algo que no han hecho Estados Unidos, Canadá y algunos países del Caribe.
Además, se compromete a «lograr el pleno financiamiento del SIDH a través del presupuesto regular de la OEA», como solicita desde hace años la Comisión, financiada en su mayoría por donaciones externas.
También incluye una respuesta a las críticas de algunos Estados a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, la que más fondos recibe de las siete de la Comisión y que al contrario de las demás cuenta con una relatora asignada en exclusiva, Catalina Botero, en lugar de depender de uno de los comisionados.
Al respecto, pide que la CIDH «fortalezca todas sus relatorías, inclusive mediante la consideración de otorgar el carácter de especiales a las relatorías temáticas existentes»
Esa propuesta otorgaría al resto de relatorías el mismo rango que la de Libertad de Expresión, aunque tal y como advierte el proyecto debe producirse «sobre la base de un financiamiento adecuado», es decir, siempre que los Estados miembros aumenten sus aportaciones.
Varios embajadores presentes en la reunión de ayer aseguraron que sus gobiernos aún están evaluando esa última propuesta, mientras que Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua se mostraron en desacuerdo con el lenguaje del párrafo que aboga por la plena financiación de la Comisión por parte del presupuesto de la OEA.
Ese punto matiza que, «mientras se alcanza un compromiso», se «invita a los estados miembros, a los estados observadores y a otras instituciones a que continúen realizando contribuciones voluntarias (…), y preferentemente sin fines específicos».
Estados Unidos, mediante su representante Carmen Lomellín, insistió en cambio en «mantener la palabra 'preferentemente' en el texto tal y como está», al igual que Canadá.
Por otra parte, representantes de países caribeños como Barbados y Dominica mostraron su preocupación por la posibilidad de que la «plena financiación» se haga en detrimento de otras áreas de la OEA, mientras que Granada pidió aclarar la versión del texto en inglés.
Países como Uruguay, Costa Rica, Chile, El Salvador, Perú y Colombia han subrayado que la reforma que apoyan es para fortalecer y no para debilitar el SIDH, cuyos dos órganos son la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana (CorteIDH), en San José.
«En general queremos fortalecer las principales líneas de acción de la Comisión y de la Corte y por lo tanto solo podemos ir a más en el sistema de protección de los derechos humanos», afirmó ayer en Costa Rica el canciller uruguayo, Luis Almagro.
Si se aprueban reformas, éstas «deben asegurar la independencia y autonomía técnica de la Comisión y la Corte», y para garantizar su independencia económica, los miembros del organismo continental se tienen que meter «las manos al bolsillo».
El canciller costarricense, Enrique Castillo, señaló que su país quiere «hacer progresar los derechos humanos, defender y fortalecer los órganos del Sistema como la Corte y la Comisión y lograr que estos tengan mejor financiamiento para asumir la desbordante tarea que deben cumplir».
El Salvador abogará también por el fortalecimiento integral del SIDH, de «manera armoniosa», dijo su canciller, Hugo Martínez.
«Creemos que es un sistema muy robusto y que sí es importante tomar algunas medidas para facilitar el funcionamiento armonioso y efectivo de los diferentes órganos» que lo integran, remarcó.
El Gobierno chileno considera «extremadamente positivo e interesante» el proyecto de reforma del SIDH, según dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo Moreno. «Para eso debemos hacerle todas las reformas y modificaciones que apunten a reforzarlo y no a debilitarlo. Por lo tanto, todas aquellas cosas que apunten a reforzarlo van a tener el respaldo de Chile», apuntó.
El lunes, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, aseguró que su país va a «seguir trabajando de la mano con el Sistema, no en contra del Sistema».
El Gobierno de Perú también ha ratificado «su compromiso con el fortalecimiento del SIDH y ha defendido a la Relatoría de la Libertad de Expresión como «un valioso referente para el fortalecimiento de las otras nueve relatorías».
