Los casos de corrupción en cuanto a compras públicas se refieren, se han incrementado en Ecuador gracias a la pandemia por coronavirus, sobre todo en el ámbito de la salud.
Son muchos los hospitales públicos que han quedado mal parados al ser descubiertos en negociaciones turbias después de que muchos ciudadanos formularan denuncias sobre ciertas irregularidades que obligaron a las entidades encargadas a realizar las investigaciones pertinentes para determinar a los responsables de estos hechos.
Desde sobreprecios para la adquisición de insumos médicos, como procesos irregulares con cifras significativas para temas de contratación, hasta la presencia de “proveedores” involucrados que no tienen relación alguna con el campo médico, han despertado las alarmas desde hace ya algunas semanas, causando así diversos allanamientos y detenciones de personas que fueron descubiertas con diversas mercancías en sus domicilios, así mismo muchas investigaciones se encuentran abiertas para todas estas instituciones públicas del país.
Y es que los hospitales públicos del país ecuatoriano, se les salieron de control al Ministerio de Salud Pública (MPS) Y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), que en teoría son instituciones que deben velar por el total control del uso de los recursos que en sus entidades se encuentran adscritas.
El Ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, reconoce que es un hecho toda esta situación, no obstante, prefiere no dar nombres ni referirse a este tema, esto, hasta que la Contraloría y Fiscalía no concluyan sus investigaciones al respecto.
En 3 meses transcurridos de crisis sanitaria, la Contraloría ha realizado referente a las denuncias de corrupción por temas de compra de insumos médicos, 86 exámenes especiales relativos al sistema de salud, de los cuales 40 corresponden a hospitales del Ministerio de Salud Pública, a su vez, existen 30 auditorías para los casos del IESS, incluyendo su sede central y oficinas seccionales.
La Fiscalía bajo la premisa de que se ha cometido algún delito de tipo penal, ha abierto desde marzo hasta la fecha, 27 investigaciones previas y una instrucción fiscal por irregularidades en los hospitales.
En su totalidad, se habla de 50 hospitales de casi todo el país que están siendo investigados por la Contraloría o la Fiscalía, debido a los indicios encontrados de abuso del dinero público durante la emergencia. Son 200 las instituciones públicas que se encuentran bajo supervisión por la realización de contratos con respecto a la emergencia sanitaria por Covid-19.
Los auditores y fiscales hacen lo que está en sus manos, solicitan los documentos y arman los casos en persona o por vía digital, esto, cada vez con menos recursos, y es que con la situación tan critica que ha desencadenado el virus en el país, no se sabe a ciencia cierta si estos funcionarios podrán seguir ejerciendo sus funciones, sea por contagios, prevención o despidos hechos por el Gobierno Nacional. (Fuente: El Universo)
