Contra su voluntad fue recluída y aislada durante días, no la dejaban comer y finalmente fue violada por alguien que trabajaba en la clínica, que no tuvo reparos en considerar que sus acciones podían constituir una “cura”.
Pasó dos años encerrada y cada vez que veía a sus familiares, lo hacía dominada por los sedantes que le administraban sus captores.
Conoció el encierro porque uno de sus familiares pagó para que fuera sometida a un proceso de “deshomosexualización” y ahora denuncia la serie de vejaciones que experimentó en la clínica llamada “Puente a la vida”.
Relata que este centro fue clausurado pocos días bajo el argumento de que administraban a sus pacientes medicamentos caducados. Es decir, el cierre no se produjo por las denuncias de violación a los derechos humanos, explica.
Igual situación vivió “Sandra”, quien no se atreve a dar su apellido, recluida durante seis meses en un centro clandestino de Guayaquil, donde enfrentó el odio de falsos terapeutas.
“Hasta salir de allí no sabía que para recluirte en un centro de rehabilitación se debe seguir un proceso, ya que un médico debe constatar que la persona es adicta a alguna sustancia si es que la van a encerrar contra su voluntad; la discriminación y el terror de los padres alienta este negocio”, asegura.
El 70% de las clínicas de “rehabilitación para adicciones” del país presenta información sobre su constitución legal y mecanismos de operación que contiene contradicciones, vacíos informativos e irregularidades, según reveló, en Quito, un análisis presentado por el Taller Comunicación Mujer y el grupo Artikulación Esporádika
El documento señala que no se conoce cuáles son las condiciones en las que atienden 161 clínicas (78% del total) y fue elaborado por los colectivos analizando documentos solicitados al Ministerio de Salud Pública y al Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep).
El informe también revela la situación legal de las 205 clínicas, y afirma que del total un 54.15% (111) no presenta información alguna al respecto, el 25.36% sí la tiene y está calificada, el 11.71% no lo está y el 5.85% se encuentra obteniendo licencia. Aunque los psiquiatras que elaboraron el “Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales” eliminaron la homosexualidad como trastorno mental hace 39 años, en el país se sigue recluyendo a hombres y mujeres por las decisiones que toman ante su sexualidad.
Cayetana Salao, líder del colectivo Artikulación Esporádika, que acompaña a Paola en su denuncia, señala que la corrupción e impavidez de estas clínicas ha manchado la estructura estatal.
“Hemos esperado por varios años que se haga justicia, pero los organismos que deberían cerrar estas seudoclínicas que ofrecen revertir nuestra orientación sexual dejan impunes varios casos denunciados”.
