El gobierno del Ecuador cuestionó la imparcialidad de Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en la denuncia presentada por un grupo de peticionarios, encabezados por César Ricaurte, quien funge como director de la Fundación Andina para la Observación de Medios (Fundamedios).
El motivo es la relación comercial que existiría entre Botero y Ricaurte, lo cual fue comprobado durante el pasado enlace sabatino del presidente ecuatoriano, Rafael Correa, a través de documentos.
De acuerdo al artículo 17 del reglamento de la CIDH, “los miembros de la Comisión no podrán participar en la discusión, investigación, deliberación o decisión de un asunto sometido a la consideración de la Comisión si previamente hubiesen participado, a cualquier título, en cualquier decisión, sobre los mismos hechos en que se funda el asunto o si hubiesen actuado como consejeros o representantes de algunas de las partes interesadas en la decisión”.
Los documentos presentados son un contrato para la creación de un portal de internet para el proyecto de fraternidad Ecuador-Colombia, en el año 2009, por un monto de USD 2 000.
Un contrato por USD 1 000 para el mantenimiento y administración del portal de internet del proyecto de fraternidad Ecuador-Colombia (El 25 de noviembre de 2009).
El 1 de abril de 2011, Fundamedios suscribió un contrato por un monto de USD 5 000 para la organización logística y contratación de servicios para dos seminarios (uno en Guayaquil y otro en Quito) sobre el Sistema Interamericano de protección de los derechos humanos y libertad de expresión.
Para la Presidencia del Ecuador, los citados contratos llevan implícita una relación comercial. Además, sostiene que bajo esta disposición legal, Botero no debió haberse pronunciado en la denuncia presentada por Fundamedios. No obstante no solo que lo hizo, sino que cuestionó la sentencia judicial que por injurias se dictó en contra de Emilio Palacio y de los directivos de diario El Universo.
“Son de la misma gallada (Fundamedios y Botero), son panas y por eso se explica la agilidad con la que se ha atendido tantas barbaridades que se ha llevado a la CIDH en contra del gobierno ecuatoriano”, sostuvo el presidente Correa.
“Extraña celeridad”
Alexis Mera, secretario jurídico de la Presidencia, la CIDH actúa sin atribución legal en el caso relacionado con la sentencia dictada contra diario El Universo y el ex editor de Opinión de ese diario, Emilio Palacio.
El funcionario sostuvo que de acuerdo con el Derecho Internacional y con las propias disposiciones que rigen a la CIDH, una demanda o denuncia no puede ser admitida en esa instancia mientras el caso respectivo no haya sido agotado en todas las instancias judiciales internas de cada Estado.
Para Mera, en este caso particular, la CIDH actuó con extraña celeridad (apenas 15 días de presentada la denuncia) cuando hay caso más graves como el del ecuatoriano Servio Serrano, a favor de quien el Estado ecuatoriano ha pedido medidas cautelares de la CIDH (hace seis meses) para evitar que se ejecute una pena de muerte que existe en su contra.
El pasado 25 de octubre, un grupo de peticionarios expuso en Washington las supuestas amenzas a la libertad de expresión en el Ecuador. Para sustentar sus argumentos presentaron un video editado donde se escuchaba al presidente Correa lanzar calificativos contra medios y periodistas.
Los peticionarios, estuvieron encabezados por Ricaurte y los periodistas Juan Carlos Calderón y Cristhian Zurita (contra quien Correa mantiene un juicio por injurias -aún en tramite-); Vicente Ordóñez, presidente de la Unión de Periodistas; Diego Cornejo, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Editores de Periódicos y Mónica Almeida, representante de diario El Universo.
