Nadie habla de atentados a la libertad de expresión en España cuando el Partido Popular (PP) -al que pertenece el Presidente Mariano Rajoy- ha puesto una demanda contra diario El País por publicar un documento falso que, según los implicados, ha vulnerado sus derechos al honor y suscitaron daños en la imagen y prestigio de los demandantes, quienes han manifestado su intención de dirigir la acción contra la persona o personas que hayan entregado al periódico los falsos documentos publicados, y por lo que reclaman medio millón de euros.
Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato integrantes de la dirección nacional han emprendido acciones legales al advertir que se ha vulnerado su derecho al honor. Sin embargo el presidente Mariano Rajoy no ha firmado la demanda, aunque la secretaria general, María Dolores de Cospedal, aseguró la semana pasada que apoyaría una acción conjunta.
En la denuncia se expone que, «como han venido manifestando inequívocamente durante estas últimas fechas todos y cada uno de sus dirigentes a quienes se ha preguntado sobre el particular, el PP lleva, y siempre ha llevado, una única contabilidad que, siguiendo lo preceptuado en la legislación vigente, somete con la periodicidad normativamente prevista a la supervisión y control del Tribunal de Cuentas, sin que la revisión de las mismas por el citado órgano haya sido objeto de tacha o reserva de ningún tipo».
En el Ecuador se registró un hecho similar luego que el ex Jefe de Opinión de El Universo, Emilio Palacio, escribió una columna titulada «No a las mentiras», en la que publicó un hecho falso, afirmando que el Presidente Rafael Correa había ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles.
El Mandatario puso un juicio por injurias contra el matutino guayaquileño y la Corte Nacional de Justicia sentenció a Emilio Palacio y a los propietarios del diario a 3 años de prisión y una multa de 40 millones por dañar el honor de Rafael Correa.
Pero hacer cumplir la Ley y aplicar justicia fue el motivo para que la prensa mercantil diseñe y difunda a cántaros un discurso que advertía supuestos atentados contra la libertad de expresión en Ecuador y hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a través de su relatoría de Libertad de Expresión levantó su voz en contra del derecho que un líder político tiene para defender su honor.
Así, la demanda contra el diario El País invita a comprender que la prensa mercantil no tiene derecho a mentir o jugar con la honra de las personas, y que los líderes políticos tienen derecho a desmentir escritos desatinados que se engendran desde la equivocación, la negligencia o el odio.
