Autoridades vinculadas a la investigación, que permitió desarticular una presunta red dedicada a tramitar documentos falsos para ofrecer la residencia a extranjeros, revelan que esas empresas fueron constituidas evadiendo la Ley de Extranjería.
La presunta red de tráfico de visas -desmantelada el pasado lunes- permitió la creación de 369 compañías ficticias. Las investigaciones realizadas por la Secretaría Nacional de Transparencia de Gestión (CNTG), que duraron aproximadamente seis meses, permitieron determinar que ciudadanos de nacionalidad china y cubana constituyeron empresas con capitales inferiores a lo establecido en la Ley de Extranjería.
Dichos negocios fueron legalizados por los foráneos en la Superintendencia de Compañías para obtener la Visa categoría 9-IV (otorgada a sociedades empresariales establecidas en el país).
La entrega del visado de dio pese a que los capitales registraban irregularidades. “Se revisaron 1.161 expedientes (solicitudes de visas) en los que se detectó que 369 compañías tenían similares características, en el sentido de que eran legalizadas con un capital de $ 800, cuando el mínimo es $ 12.500”, reveló una funcionario que colaboró en la investigación del caso y quien prefirió mantenerse en reserva.
También se encontraron casos de empresas creadas con montos superiores a lo establecido por la ley, pero con varios apoderados.
La fuente reveló que -según la reforma del Consejo Consultivo al Reglamento de Extranjería y Migración, publicado en el Registro Oficial 38 de 2009- cada apoderado tenía que aportar $ 12.500 para participar en la empresa. “En la investigación se encontraron compañías con un capital de 25.000 dólares, pero con hasta siete apoderados… lo que no se hacía era multiplicar los $ 12.500 por los siete para fijar el monto real y así que sea legal el trámite”, relató.
En la mayoría de los casos, la función de la compañía se establecía para la enajenación, venta y alquiler de bienes inmuebles.
El supuesto ilícito comenzaba desde que los tramitadores, en contubernio presuntamente con funcionarios y abogados, pactaban con el foráneo el monto a pagar.
“Los precios iban entre 1.000 y 5.000 dólares, dependiendo del caso”, relató Wilson Navarrete, subsecretario nacional de Investigaciones de la CNTG. A cambio de esos montos tramitaban documentos totalmente falsos.
Dijo que la red operaba desde el interior de Extranjería. “Una vez que cumplían los requisitos se enviaban los documentos al notario, quien era el encargado de dar fe pública de esos papeles, entre los cuales constaban las cédulas de identidad, actas de matrimonio, el certificado de garantía económica, y otros”.
El funcionario relató que cuando se cotejó la información de las empresas, se llegó a la conclusión de que en la mayoría de casos no coincidían las direcciones. “Para que el notario dé fe de que existe una compañía, primero debía hacer una diligencia preparatoria para constatar su existencia, en algunos casos solo cambian de posición el escritorio y el televisor para hacer las fotos de otras empresas ficticias”.
Los extranjeros preferían participar de estas ilegalidades porque llegaban al país con visas de turismo y una vez que vencían los 90 días de estadía decidían quedarse de forma irregular. “Esto recién es el principio, después van a caer más”.}
Una vez legalizados los documentos por el notario, se entregaban las carpetas en la oficina de Extranjería. “A lo que se ingresaban los documentos, pasaban al director y él a su vez derivaba las carpetas a los distintos asesores, quienes a su vez -al momento que tenían un informe jurídico- remitían nuevamente al director”, explicó. “Lo que decían estos reportes era sugerir al director que -salvo su mejor criterio- podía aprobar el trámite de acuerdo a la Ley y Reglamento”.
El fiscal provincial del Guayas, Antonio Gagliardo, explicó que el caso es investigado por 3 fiscales: Luis Rada Viteri, Manuel Alvear Hernández y Pedro Intriago, quienes han dictado instrucciones fiscales contra los implicados por los delitos de tráfico ilegal de migrantes, falsificación de documentos públicos y asociación ilícita.
A 22 de los 23 detenidos, hasta la mañana de ayer, se les dictó prisión preventiva. Entre los implicados están Segundo Zurita Zambrano (actual Registrador de la Propiedad de Guayaquil), Marcos Díaz Casquete y Rodolfo Pérez Pimentel, quienes están bajo arresto domiciliario.
Referente a la presunta participación de los notarios, Edwin Jarrín, secretario nacional de Transparencia, explicó que son los notarios los que dan fe pública de determinados documentos y cuando es adulterado en presencia de un notario, éste está siendo parte de la falsificación de los documentos.
Mientras que los tramitadores tenían el rol de agentes externos que reclutaban al extranjero para naturalizarlo a cambio de dinero. “Estos tramitadores le daban al foráneo la cobertura para las visas 9-6 (unificación familiar) y la 9-4 (para trabajar en una empresa)”, dijo Jarrín, quien agregó que los ex funcionarios de la Dirección de Extranjería hacían que los trámites se aprueben.
