Varias asociaciones civiles solicitaron hoy ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que Argentina ejecute y revise los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que según los peticionarios sufren un incremento de la criminalización y episodios de violencia por permanecer en sus tierras.
«Los derechos indígenas están reconocidos en la Constitución Nacional desde la reforma de 1994, pero el estado argentino ha relegado estos derechos y siguen teniendo lugar desventajas históricas», explicó Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales de Argentina (CELS).
Durante una audiencia en Washington en el 144 periodo de sesiones de la Comisión, organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA), los peticionarios denunciaron que «pese a la obligación que tiene el Estado argentino de delimitar y titular las tierras indígenas aún esto no ha sido ejecutado», añadió Zimerman.
La falta de definición de los territorios ha provocado, según se expuso en la audiencia, grandes represiones contra las comunidades indígenas, episodios de violencia e incluso asesinatos.
«La justicia los persigue por delitos de ocupación en sus propias tierras. No fueron adecuados los códigos penales para que puedan ajustarse a las necesidades indígenas, no están reconocidas como comunidades sociales y no existen normas que les permitan definir sus propia gestión y autonomía», insistió.
La representante Verónica Huilipán, del Obsevatorio de Derechos Humanos Indígenas (ODHPI) y miembro de la comunidad mapuche, explicó que «la política del Estado ha justificado el despojo de las tierras a través de la legislación».
«Lo que reclamamos es que la CIDH busque la forma de solucionar este problema y que se garantice nuestra existencia devolviéndonos esos territorios», dijo.
«El tema indígena está instalado en el asunto de la pobreza, algo muy errado. Desde 2006 se ha ido agravando la criminalización por defender los territorios, las acusaciones contra nuestras personas por desacato, desobediencia hacia una autoridad judicial o instigación», agregó la representante mapuche.
El Estado argentino alegó haber ejecutado varias leyes para adecuar los derechos de las comunidades indígenas mediante legislaciones en asuntos educativos, territoriales y de difusión cultural.
«Estos aportes han permitido dar un paso histórico en la situación y el reconocimiento de las culturas indígenas», dijo Andrea Gualde, representante de la República Argentina.
Según explicó Gualde, desde 2003 existe en el país una ley de consulta sobre los intereses indígenas, así como una participación conjunta de la construcción de políticas públicas para esas comunidades.
Argentina expresó la voluntad de los tres poderes del estado para crear un marco jurídico que solucione la situación y los desafíos que presentan las comunidades indígenas, y aseguró que los tres confluyen de manera común en una política pública para tratar los asuntos territoriales de estas comunidades.
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